El Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han llegado a un acuerdo para desbloquear la situación del Cabanyal respetando al menos en lo básico la orden del Ministerio de Cultura del anterior Gobierno Socialista, que paralizaba los derribos por considerarlos expolio y que se ha demostrado muy sólida en términos legales. El Consejo de Ministros ya aprobó ayer la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Generalitat que pretendía anular aquella orden y la propia Generalitat derogará esa ley en el plazo de tres meses. Luego, las tres administraciones deberán negociar un cambio en el Plan del Cabanyal para adaptarlo a la citada orden ministerial, lo que siembra dudas incluso sobre la controvertida prolongación de Blasco Ibáñez.
Fue el Tribunal Supremo el que, a petición de los vecinos, pidió al Ministerio de Cultura que se pronunciara taxativamente sobre la posibilidad de que el Plan del Cabanyal supusiera el expolio patrimonial del barrio, algo que no había ocurrido en los diez años que duraba ya el conflicto pese a que una parte importante del mismo está declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Y fue a raíz de eso, el 29 de diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura, entonces capitaneado por la socialista Ángeles González Sinde, dictó una orden que paralizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (el popular Pepri), cuya medida estrella es la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. Entendía el ministerio que el plan supondría un expolio patrimonial.
Frente a esa orden, el Consell de la Generalitat promulgó una ley que avalaba el plan y pretendía estar por encima de la orden, extremo que no acató el Gobierno socialista y que motivó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que dirimiera sobre la prevalencia de ambas normas.
Ahora, después de casi dos años de Gobierno popular sin poder acabar con esa orden y a las puertas de una resolución del Tribunal Constitucional, las tres administraciones han acordado dar marcha atrás e intentar mantener vivo el plan aunque sea modificado. El Consejo de Ministros aprobó ayer la retirada del recurso de inconstitucionalidad impulsado por sus antecesores y la Generalitat Valenciana se compromete a derogar en el plazo de tres meses la ley que pretendía burlar la orden ministerial, que es lo único que queda vivo a día de hoy.
Y a partir de ahora, las tres administraciones se comprometen a revisar o derogar esa orden y, paralelamente, a «adaptar» el Pepri a la misma para que no haya expolio patrimonial en el Cabanyal.
¿Significa esto un cambio del plan? ¿Se hará la prolongación de Blasco Ibáñez? Pues ayer, al menos, nadie habló claro, aunque se dieron algunas pistas.
La alcaldesa Rita Barberá, que fue informada del acuerdo del Consejo de Ministros por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compareció ante la prensa «contenta, satisfecha y agradecida» por el trabajo que se había hecho, pero sin el mínimo atisbo de euforia, pues queda por delante un trabajo muy complicado, admitió.
El patrimonio lo primero
Según dijo, «las tres administraciones se comprometen a empezar a buscar una solución definitiva» que pasa por «adaptar el Pepri para salvar los valores patrimoniales del barrio», que es precisamente lo que mandaba la orden ministerial. De ésta, desconoce si bastará con revisarla o será necesario derogarla. Y no emitió un pronunciamiento claro sobre la prolongación de Blasco Ibáñez.
En este sentido, el vicealcalde Alfonso Grau dijo que el Pepri se «adaptará», pero no se cambiará, pues ese movimiento retrasaría los trabajos otros diez años. No pudo garantizar, por tanto, la prolongación de la avenida. «Esperamos que se pueda hacer», se limitó a decir.
Quizá la más claras de todos el vicepresidente del Consell, José Císcar, no quiso entrar en detalles fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que al término del Consejo de Ministros aseguró que las tres administraciones se habían comprometido a revisar el Pepri para que «garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la protección del Cabanyal» en los términos previstos en la Orden del Ministerio de Cultura del 29 de diciembre de 2009. En una palabra, cambiar el plan del Cabanyal para adaptarlo a aquella orden, con el encargo al Consell de que mientras eso ocurre se mantenga vigilante con el cumplimiento de la misma.
Para llegar a un punto de equilibrio, el primer paso es materializar todos los acuerdos en la comisión Generalitat-Estado que se celebrará el próximo lunes. Y a partir de ahí se sucederán las reuniones en busca de una solución definitiva que, según avanzó Rita Barberá, podría producirse en los próximos meses y empezar a aplicarse en 2014.
