El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado que el edificio con 31 viviendas de Promoción Pública (VPP) construido por AUMSA en la calle de Triador 11 del barrio de Velluters "está ocupado desde marzo de 2011 sin haber obtenido la licencia de primera ocupación".

En un comunicado, el concejal socialista Vicent Sarriá ha asegurado que es "muy mal ejemplo incumplir la legalidad" y ha exigido al consistorio "una mayor diligencia en el control de la legalidad de las edificaciones".

Según Sarriá, el edificio, con 31 viviendas de promoción pública funciona en régimen de alquiler y los inquilinos pudieron contratar los suministros de luz, agua y teléfono con el documento de calificación definitiva que otorga la Generalitat.

No obstante, según ha manifestado el concejal socialista, el Ayuntamiento no ha otorgado a AUMSA la licencia de primera ocupación.

"A cualquier constructor no se le otorga licencia de obras si previamente no ha cedido al Ayuntamiento los viales del entorno, pero en este caso AUMSA recibió la licencia de obras condicionada a que con carácter inmediato entregara al Ayuntamiento el suelo correspondiente a estos viales y el jardín construido delante del edificio en la calle de Recaredo", ha explicado.

Tras dos años ocupándose las viviendas, "AUMSA no ha cumplido con este requisito, además de existir problemas en la obra de urbanización principalmente al alumbrado y por tanto el Ayuntamiento no le puede otorgar la licencia de primera ocupación".

Esta licencia, ha matizado el concejal, "es imprescindible otorgarla antes de ocupar un edificio, ya que es la que da conformidad a todos los aspectos de urbanización del entorno, medidas de seguridad y cumplimiento de los estándares de calidad, comprobándose que la obra ejecutada se ajusta a la licencia concedida".

Sarriá ha recordado que en la construcción de este edificio, la empresa municipal AUMSA invirtió más de 4 millones de euros, y ha recibido "numerosas quejas de los inquilinos por defectos en la obra".

El concejal socialista ha exigido al Gobierno Municipal una mayor diligencia en el control de la legalidad de las edificaciones, y más en este caso en el que se trata de una obra de vivienda pública, donde se debería dar ejemplo en el cumplimiento de la normativa urbanística.