La plataforma vecinal Salvem el Cabanyal ha visto reforzadas sus posiciones tras los últimos movimientos del Gobierno central, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia y ha pedido a las tres administraciones que «redacten un nuevo plan» para el barrio que se ajuste a la orden del Ministerio de Cultura y proteja el patrimonio. De lo contrario, advierten que recurrirán de nuevo a los tribunales.

Salvem el Cabanyal, entidad que ha liderado la lucha contra el Plan Especial de Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar (Pepri), se pronunció en estos términos después de que la Generalitat Valenciana haya anunciado la retirada de la ley que pretendía anular la orden ministerial; que el Gobierno de Mariano Rajoy haya decidido retirar el recurso de inconstitucionalidad que motivó aquella ley; y que las tres administraciones se hayan comprometido a cambiar el Plan del Cabanyal para «adaptarlo» a la citada orden, movimientos que, a juicio de los vecinos, no hacen sino confirmar la validez de la misma y dejar las cosas en su punto inicial.

Respecto a la ley autonómica, aseguran que se trataba de «una norma estrafalaria, absurda y contraria a todo sentido jurídico, dictada al gusto del Gobierno municipal para satisfacer el interés del mismo, a sabiendas de que la ley contraviene las competencias constitucionales».

Y respecto al recurso de inconstitucionalidad, lo único que debía resolver, dicen, era la prevalencia de la ley autonómica o de la orden, sin incidencia en los derribos, de manera que su retirada, no afecta a los mismos.

En su opinión, por tanto, «es ahora el momento de exigir a las tres administraciones que han dado lugar al ?feliz? acuerdo de voluntades con el que se pretende dar solución al problema del Cabanyal, que cumplan la orden ministerial que obliga a redactar un nuevo plan y que reconozcan la necesidad de proteger los referidos valores patrimoniales».

En caso de que no se procediera en ese sentido y se intente buscar «una salida de emergencia que no dé cumplimiento a dicha orden de carácter imperativo», Salvem el Cabanyal volverá a poner el caso en manos de los tribunales de justicia para que sean estos los que «enjuicien, analicen y valoren nuevamente si el resultado de las soluciones pactadas entre las administraciones dan cumplimiento a una cosa que es clara y manifiesta y de la que no pueden escapar, cual es que el Plan del Cabanyal ha de proteger necesariamente los referidos valores patrimoniales establecidos en el decreto que lo declara BIC».

Aseguran, por último, que las decisiones del Gobierno y de la Generalitat no son más que «un reconocimiento explícito de que la ley autonómica no fue más que una atrocidad vergonzante, que jamás debió haber tenido lugar y cuya derogación resulta, más que plausible, urgente».

En este sentido, Salvem el Cabanyal sospecha que la retirada del recurso de inconstitucionalidad es una maniobra para que «no sea una sentencia del alto tribunal la que haga pública dicha circunstancia y que la misma quede como una decisión razonable adoptada por consenso entre nuestros gobernantes, antes de tener que pasar por la afrenta de ver declarada la nulidad de una ley cuyo contenido, por aberrante e inaudito, no tiene salvación ante el Tribunal Constitucional».