Fernando Flores Giménez (Valencia, 1968) es profesor de Derecho Constitucional, miembro de la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal y durante ocho años ha trabajado para la Administración del Estado, cuatro en el Ministerio de Justicia y tres con la vicepresidenta del Gobierno socialista Teresa Fernández de la Vega. El 29 de diciembre de 2009, fecha de la firma de la orden ministerial que mantiene bloqueado el plan del Cabanyal, era secretario general técnico del Ministerio de la Presidencia, lo que lo sitúa en el epicentro de aquella decisión, que a día de hoy sigue siendo la única válida.

¿Cómo se fraguó aquella orden del Ministerio de Cultura? ¿Conoció los entresijos de aquella medida?

Si, sí los conocí, porque la vicepresidenta tenía interés en todo lo que sucedía en el Gobierno y porque ella es diputada por la provincia de Valencia. También porque soy del Ca­banyal y el tema me interesaba.

¿Fue correa de trasmisión entre Salvem el Cabanyal y la vicepresidenta?

SÍ. Yo le informaba sobre esos hechos y otros temas, no el único, pero sí, por supuesto. De todas formas, sobre el Cabanyal yo con la vicepresidenta hablé posiblemente tres veces en dos años y quizá una vez durante la elaboración de la orden ministerial.

¿Cómo se hizo aquella orden?

Aquella orden se hizo porque el Tribunal Supremo dijo que el Ministerio de Cultura debía pronunciarse. En aquellos momentos se me pregunta cómo lo veía y yo les di mi opinión. La vicepresidenta tenía mucho interés porque aquí cada acción de Madrid era considerada una especie de ataque a los valencianos. Era un motivo de confrontación constante. Entonces el Gobierno lo que quería era cualquier cosa menos provocar o perturbar la tranquilidad del ayuntamiento y, por tanto, no quería intervenir si no había una obligación legal de hacerlo. Pero la había.

¿La orden se elaboró con criterios técnicos o políticos?

Con procedimientos absolutamente técnicos. Ese es el valor de la orden.

¿Cuáles fueron esos procedimientos?

El procedimiento técnico está recogido en la ley de Patrimonio. Te dice a quienes tienes que pedir, qué tienes que pedir, qué tipo de informes; y te digo una cosa, se pidió a todos aquellos que se pensaba que tenían algo que decir sobre el tema, tanto a las instituciones como a organismo independientes. Fue una decisión absolutamente técnica. Yo estoy convencido de que si el ministerio hubiera dudado que había expolio no hubiera hecho la orden que hizo. Sólo hubo dos informes contrarios: del ayuntamiento y del Colegio de Arquitectos de Valencia.

Como profesor y asesor político, ¿cree que la orden puede ser modificada?

Podría revertirse igual que podría revertirse el BIC, razonadamente. Si el BIC del Cabanyal se quiere descatalogar, se necesita que quienes dijeron que esto tenía un valor digan ahora argumentadamente por qué ha dejado de tenerlo. La orden ministerial es igual. Está fundamentada en unos informes que con abrumadora mayoría dicen que ese plan supone expolio. Si queremos cambiar la orden lo que tendremos que decir es qué ha pasado para que ahora no se declare expolio. Lo que puede cambiarse o adaptarse es el Pepri para hacerlo conforme a esa orden ministerial, que es lo que ha dicho ahora el propio Consejo de Ministros.

¿Cree entonces que se modificará la orden? ¿Es eso posible?

Yo creo que no. Sin prevaricar, no. Si se hace algo a sabiendas de que es ilegal o dañino, lo podríamos denunciar, porque son funcionarios, porque son cargos públicos.

¿Y el plan del Cabanyal se puede adaptar para mantener la prolongación de Blasco Ibáñez?

Yo creo que no. Una de las cosas que el Consejo de Ministros resuelve, aunque no de una manera expresa, es que la prolongación no cabe. Si uno se lee la orden y ve los informes, precisamente lo que destaca es que la prolongación rompe lo que es una de las características básicas del Cabanyal, que es la trama urbana, que es también una de las razones por la que se declara BIC.

¿Cómo cree que reaccionará el ayuntamiento?

Sobre las intenciones de los demás no me gusta hablar. La salida es la del Consejo de Ministros añadiéndose una cosa, la participación de los vecinos. La de todos. No es verdad que eso signifique diez años más de conflicto. En absoluto. Si Rita Barberá quiere, en tres años al Caba-nyal le ha cambiado absolutamente la cara. Basta con que levante esa aberración que es la prohibición, selectiva, por cierto, de licencias.

¿Cómo ve el Cabanyal dentro de cinco años?

Estoy seguro de que no va a haber prolongación, porque creo que vivimos en un estado de derecho. Yo sé que la prolongación no se va a hacer. Nuestra experiencia con el ayuntamiento es que cada uno de los pasos razonables que se han dado no han servido para que la alcaldesa matice un ápice su posición. Pero debería pensar ahora qué va a cambiar.

Pero ¿usted cree que puede ceder en sus posiciones, que algo puede cambiar?

Personalmente, pienso que no lo va a hacer, y lo lamento porque las consecuencias caen sobre los vecinos, sobre todo los mayores. Con la alcaldesa el Cabanyal está condenado, condenado al ostracismo hasta que ella salga del ayuntamiento. Pero no descarto que en un momento entre en razón, que alguien la convenza y que en poco tiempo salgamos de la situación. Nadie ha dicho que no se tire una casa, lo que se dice es que hay otras maneras de actuar en el barrio y hay propuestas de pura razón. Que se reunan los técnicos, que se hable con los ciudadanos y que cada uno diga lo que piensa.