El juez que investiga el saqueo de la empresa pública Emarsa aplazó ayer el interrogatorio como testigo de Cristina Segarra, la esposa de uno de los principales imputados, el exgerente de la depuradora de Pinedo Esteban Cuesta. La mujer alegó una indisposición tras sufrir una crisis de ansiedad, según explicaron fuentes cercanas a la mujer.

Aunque no está imputada en la causa, el juez del caso impuso una fianza de responsabilidad civil a Segarra de 400.000 euros. Así, hasta la fecha de hoy, le ha embargado parte del sueldo y la vivienda donde reside el matrimonio en el barrio valenciano de Russafa.

La mujer tendrá que responder por varios préstamos que contrajo y por las reformas acontecidas en la vivienda conyugal. También por algunos ingresos que le realizó su marido durante los años del saqueo de la depuradora de Pinedo entre 2004 y 2010.

Segarra no es la única cónyuge que se ha visto arrastrada en el caso por las actuaciones de su marido. Eva Marsal, la expareja del ex director financiero de la planta Enrique Arnal, está imputada y el juez quiere conocer todos los pormenores de su empresa de azafatas con las que trabajó para Emarsa.

La pareja del hombre más buscado del caso, el empresario fugado Jorge Ignacio Roca, se encuentra en prisión por un delito de blanqueo de capitales. María Aladrén se entregó en el juzgado y confesó que había colaborado con Roca en alguna de estas operaciones ilícitas.

El juez investiga las empresas del matrimonio entre el imputado Vicente Ros y Vicenta Fortuny. Los investiga, entre otros, por un delito de alzamiento de bienes.