El retraso en las expropiaciones de edificios y suelo destinados a dotaciones públicas está costando muy caro a la Hacienda municipal. El año próximo se llevarán 10 millones de euros, lo que representa un tercio de la inversión total prevista para la ciudad en los presupuestos de 2014. La alcaldesa, Rita Barberá, se quejó ayer del quebranto que supone para el ayuntamiento el goteo constante de expropiaciones e instó al Estado a un cambio legal para que los ayuntamietos no estén obligados a expropiar el suelo dotacional.
La alcaldesa aseguró que las expropiaciones forzadas por los propietarios del suelo «son una carga que grava tremendamente la hacienda municipal». «Son tramitaciones larguísimas basadas en un modelo que se ha quedado antiguo y en el que intervienen muchas administraciones», declaró la regidora quien aseguró que «estamos pidiendo al Estado» que revise esta cuestión. El vicealcalde, Alfonso Grau, ya reclamó este verano a la Generalitat dado que el urbanismo es una competencia autonómica que modificase la ley para flexibilizar los criterios de las expropiaciones.
El ayuntamiento acaba de recibir un importante varapalo judicial que le obliga a revisar al alza las valoraciones en sus expropiaciones.
«Antes si te expropiaban era un drama y ahora, en cambio, al que le expropian es como si le tocará la loterías», aseguró ayer la alcaldesa en la ruedad de prensa de presentación de los prespuestos municipales de 2014. Y es que, ante el parón de la construcción y la actividad inmobiliaria, muchas propietarios de suelo han encontrado en las expropiaciones una fuente de ingresos. La ley urbanística valenciana permite, según recordó ayer la alcaldesa, que transcurridos cinco años desde la entrada en vigor del planeamiento que los propietarios de edificios o suelo destinado a dotaciones públicas puedan solicitar la expropiación forzosa.
El grupo municipal socialista , por su parte, denuncia, que la mala práctica urbanística de haber utilizado principalmente la expropiación como fórmula para obtener suelo le ha supuesto al consistorio un desembolso de más de 500 millones de euros en 22 años de gobierno del PP.
