La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo borrador podría pasar este mismo viernes por el Consejo de Ministros, echará abajo la que se ha considerado la principal «virtud» de la Ordenanza de Prostitución de Valencia, que es no sancionar a las mujeres que ofrecen servicios sexuales en la calle. El texto elaborado por el Ministerio del Interior no distingue entre clientes y prostitutas y prevé fuertes sanciones para ambos cuando esos servicios se ofrezcan o se contraten cerca de colegios y parques públicos o se interrumpa la circulación.
De partida, y a falta de que la nueva ley vea la luz en los términos en los que está planteada, la filosofía del Gobierno respecto al tratamiento de la prostitución dista mucho de la del Ayuntamiento de Valencia, que entró en vigor en septiembre. En realidad, se acerca bastante a la propuesta inicial del concejal del PP Miguel Domínguez, que era partidario de multar a las mujeres y a los clientes por igual, pero se aleja más de la del portavoz socialista Joan Calabuig, que era partidario de exculpar a las prostitutas y terminó imponiendo sus tesis durante la negociación del texto.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana prevé sanciones para las prostitutas y sus clientes cuando los servicios sexuales se ofrezcan o se negocien en las proximidades de colegios y parques o supongan un riesgo para la seguridad vial. La Ordenanza de Prostitución valenciana, sin embargo, lo que hace es multar únicamente a los clientes y agravar la sanción hasta los 2.000 euros en caso de que los hechos se produzcan a menos de 200 metros de un parque infantil o un colegio.
Ocurre además, que el barrio chino de Valencia, cuya desaparición es el objetivo principal de la ordenanza municipal, está en las proximidades de colegios y parques infantiles, de manera que se ve directamente afectado por la Ley de Seguridad Ciudadana, que, huelga decirlo, tiene mayor rango que la ordenanza y prevalece sobre la misma.
Ayer el portavoz socialista, Joan Calabuig, prefirió esperar a conocer los detalles del texto para pronunciarse. Por su lado, el concejal Miguel Domínguez evitó cualquier pronunciamiento al respecto.
Sobre el «botellón»
Además de la prostitución, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana combatirá el «botellón», otro de los grandes problemas a los que se enfrenta, sin éxito por el momento, la Policía Local de Valencia. El borrador dado a conocer estos días prevé sancionar el «botellón» cuando suponga un problema de orden público, lo que sería una nueva herramienta para las Fuerzas de Seguridad, que en la actualidad sólo pueden multar por consumo de alcohol en la vía pública y eso exige decomisar la bebida y hacer los correspondientes análisis químicos para certificar que se trata de alcohol.
Precisamente, el Ayuntamiento de Valencia, en su futura ordenanza sobre ocupación de vía pública, se propone incluir un articulado que permita sancionar a los jóvenes sin necesidad de hacer esos análisis, aunque todo parece indicar que esa opción tiene difícil encaje jurídico.
La nueva ley compensaría esa merma normativa y ayudaría a acabar con un problema que se extiende por toda la ciudad sin que se encuentren los medios para detenerlo. Hasta 15 zonas distintas hay en estos momentos.
