Esquerra Unida presentará una alegación a la totalidad del Plan Especial de la Marina Real Juan Carlos I y advirtió de que este plan podría ser anulado por incumplimiento del artículo 83 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que obliga a abrir un periodo de consultas con las entidades públicas antes de modificar el Plan General. Algo parecido ya pasó en Barcelona, dijo el portavoz de EUPV, Amadeu Sanchis, quien afirma, no obstante, que la posibilidad de ir a los tribunales aún está en estudio.

Según explicó Sanchis, el diseño de la marina real se ha encargado a un arquitecto y no ha contado con la participación ciudadana, de tal forma que los planes municipales contemplan «la destrucción del Cabanyal», «menosprecian» a la Malva-rosa y Nazaret y dan a la dársena un uso terciario que la «segrega» de la ciudad y le da un carácter elitista.

Es más, cree que esa carencia de participación ciudadana puede ser motivo de impugnación del plan, pues interviene en los edificios públicos de la dársena, como los tinglados, el edificio del reloj o el varadero, y eso es contrario al artículo 83 de la LUV, que señala que «cuando un Ayuntamiento diseña una operación urbanística que modifica, pueda modificar o suponga una modificación del PGOU, cuando elabora su borrador se tiene que abrir un periodo de consulta con las entidades ciudadanas representativas de la ciudad». «Esto no se ha hecho, ya que el equipo de gobierno del PP, junto con José María Lozano, son los que han diseñado este plan saltándose la LUV», insistió.

«Ya está bien de que el PP juegue con el dinero público. Esta ciudad no es de Lozano, de Barberá o de los multimillonarios que vengan los fines de semana con su barco», dijo el portavoz de EUPV, quien lanzó una propuesta muy clara: que se condone la deuda de 320 millones que pesa sobre la marina y que lastra sus usos y que luego se haga un plan nuevo en el que tenga participación y resultados toda la ciudadanía.

En respuesta a las declaraciones de Sanchis, el concejal de Urbanismo, Alfonso Novo, aseguró que «es absolutamente falso que se haya obviado la aplicación del artículo 83 de la Ley Urbanística Valenciana, porque el ayuntamiento solicitó informe a la Generalitat para conocer si era necesaria una Evaluación Ambiental Estratégica y la administración Autonómica respondió, tal y como queda constancia en el expediente, que no era preceptiva la citada Evaluación».