La Subdirección General de Recursos del Ministerio del Interior ha anulado 125 sanciones de multas interpuestas por la Delegación del Gobierno a participantes en la concentración ante el complejo de Zapadores de Valencia, durante la "primavera valenciana" de febrero de 2012, al considerar que no existe "prueba de cargo suficiente", ya que las denuncias no las formularon los agentes que presenciaron los hechos sino un inspector jefe.
La Subdelegación del Gobierno informó de 246 propuestas de sanción, que finalmente dieron lugar a 230 expedientes, 171 de ellos sobre personas mayores de edad (el 75%) y 59 a menores (el 25% restante). Entre los menores de edad, 53 tenían entre 16 y 18 años y seis de 14 a 16. Para los mayores de edad, la sanción fue de 301 euros; de 200 para los menores a partir de 16 años y de 100 para el resto. De los 230 sancionados, 146 presentaron recurso de alzada ante el Ministerio del Interior. Ahora, de las 146 recursos, se han admitido 125, (que no pagarán la sanción), se han desestimado seis presentadas fuera de plazo y se han rechazado los 15 restantes, que sí deberán abonar la multa.
En las resoluciones donde el ministerio estima los recursos y revoca las sanciones, se explica que en estos casos no existe una denuncia formulada por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que presenciaron directa y personalmente los hechos sancionados, sino que la denuncia consiste en una propuesta de sanción del Inspector Jefe de la III Unidad de Intervención Policial, en la que se relatan de una manera "general" las conductas infractoras. Una denuncia legal debe estar redactada por un agente de la autoridad que haya presenciado los hechos y no puede ser sustituido por informes o denuncias de superiores jerárquicos.
