Sin prolongación no habrá rehabilitación». Ha sido la frase más repetida por parte de Rita Barberá para referirse a su voluntad política sobre el futuro del Cabanyal. Desde el primer día sonó como una amenaza dirigida a sus vecinos. Han tenido que pasar más de 15 años de conflicto, con alternancia en el gobierno estatal, PP-PSOE-PP, para que desde quien tiene la competencia desde las filas de su propio partido, le estén diciendo en estos momentos que con prolongación no habrá planeamiento municipal para este barrio protegido. Y esto tiene que doler.

Los responsables del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, se pasaron los primeros 10 años de este conflicto diciendo que éramos los que nos veníamos enfrentando a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, los responsables de la degradación de nuestro barrio, hasta que finalmente los tribunales nos dieron la razón.

Cuando en las navidades del 2009, obligado por esos mismos tribunales, el Ministerio de Cultura aprobó su famosa orden, la culpa empezó a tenerla Zapatero, de la mano de su ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Entonces la alcaldesa decidió lanzar una ofensiva y suspender las licencias de obras y actividades, para criminalizar ante los vecinos a los responsables de la paralización.

Con la llegada de Rajoy en las navidades del 2011, prometió a sus votantes en el Cabanyal, que la prolongación sería de nuevo una realidad y que las excavadoras pronto regresarían. Se les dijo que las fluidas relaciones que se estaban manteniendo con el nuevo gobierno, harían que pronto se anulase la orden y si no era posible, se modificaría para adaptarla a la posibilidad de ejecutar la prolongación.

Sin embargo, ha tenido que pasar media legislatura para que un consejo de ministros de octubre de 2013, volviera a recordarle a la señora Barberá, en negro sobre blanco, que la única modificación que hay que hacer, es la de eliminar todo rastro de expolio del proyecto municipal. Al parecer el golpe fue tan duro que la alcaldesa debió quedar «grogui», a juzgar por sus primeras reacciones, incrédula de lo que desde el gobierno de su partido le estaban ordenando, que no era otra cosa que coincidir con lo que los vecinos habíamos defendido desde que empezó el conflicto, hacía ya en ese momento más de 15 años.

Pues bien, han pasado ya más de 4 meses desde la fecha de ese Consejo de Ministros y el gobierno de la nación ha retirado el recurso de inconstitucionalidad de la ley de la Generalitat Valenciana que amparaba el Pepri del Cabanyal y la Generalitat ha retirado la propia ley, tal como se comprometieron ambas administraciones para deshacer el «lio judicial».

Solo queda que la alcaldesa, cumpla su compromiso y se ponga a trabajar en lo único que puede, presentar una modificación del plan urbanístico, que elimine todas las determinaciones que provocan el expolio del protegido Cabanyal.

Su retraso está causando un incalculable perjuicio para los vecinos y comerciantes del Cabanyal, y también para los del resto de la ciudad. Pero poco parece importarle. Primero dijo que no le convocaban desde la comisión bilateral, más tarde exigió inmediatez para que se realizara dicha reunión. Lo último, que se trabaja en un borrador.

Todo suena a excusas «de mal pagador» desde que ya no puede echarnos la culpa a los vecinos, ni a los grupos de la oposición. Mientras deja correr el tiempo, que parece que piensa que corre a su favor, las ocupaciones ilegales de edificios se han duplicado en el último año. Los últimos datos conocidos, procedentes del propio ayuntamiento hablan de 120 viviendas ocupadas, concentradas en el corazón del Cabanyal. Hay manzanas de casas en las que la ocupación ilegal es casi del 100%, en muchos casos convertidas en estercoleros. Los solares municipales siguen siendo una fuente de conflictos. La policía se siente incapaz del control de la situación. La tasa de criminalidad desciende menos que en el resto de la ciudad. Los incendios ocasionales se han multiplicado en las casas vacías. Los siniestros por desplomes de elementos estructurales en edificios abandonados u ocupados están a la orden del día. La suspensión de licencias continúa paralizando el barrio, mientras la demanda de alquiler por parte de jóvenes universitarios aumenta sin cesar.

Y en medio de este caos, la alcaldesa, se limita a contemplarlo impasiva, sin saber ya muy bien a quien puede culpabilizar de todo ello. La señora Barberá ha hecho bandera de este proyecto, ha perdido y se muestra incapaz de reconducirlo. Probablemente lo que más le duele es que le estén diciendo desde sus propias filas, que la razón está del lado de los vecinos. Vecinos de todo tipo, a favor y en contra de la prolongación, le hemos exigido que resuelva de una vez, pues el Cabanyal no puede seguir esperando a que se den unas condiciones que le permita salirse con la suya.