El concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Pedro Sánchez, ha advertido de que el periodo de pago del equipo de Gobierno municipal a los proveedores «ha empeorado» y se sitúa en 69,86 días. Así se desprende, al menos, del informe sobre el cumplimiento del plan de ajuste que el equipo de Gobierno municipal llevará hoy a la Comisión de Hacienda.

Sánchez ha afirmado que este documento demuestra el «empeoramiento» en la gestión del PP respecto al trimestre anterior, ya que en los últimos meses de 2013 el periodo medio de pago a proveedores se situó «en 60 días, cuando la ley establece que el pago legal de pago son 30». «Obviamente, este dato perjudica a los proveedores que ven cómo se le paga más tarde», asegura.

El edil ha criticado este dato porque «cada día que pasa del plazo legal de pago, se supone que hay que pagar intereses de demora que se detraen de otros gastos más necesarios para los ciudadanos». Según dice, en virtud de la ejecución del presupuesto a 31 de marzo de 2014, «en intereses de demora, de los 7 millones de euros previstos, se han pagado 3,93».

Así, denuncia que en un trimestre «el PP se ha gastado más de la mitad de lo previsto para todo el ejercicio, lo que demuestra una mala gestión porque no son capaces de controlar este aspecto de pago de intereses».

Del resto de la aplicación del plan de ajuste, el concejal socialista deduce que los ingresos en este primer trimestre «suponen 8,97 millones de euros». «En concreto, 4,6 millones por las subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones; 3,08 millones por el refuerzo de la eficacia en la recaudación y 1,29 millones por la potenciación de la inspección tributaria», indica.

En su opinión, en los dos últimos puntos «no hay nada que objetar, porque suponen hacer que paguen los impuestos todos, pero en las primeras medidas es criticable que suponga un incremento de la presión fiscal a todos por igual, como fue la disminución de la bonificación del 5 al 2 por ciento por domiciliación de recibos».

A su juicio, otro dato que confirma las consecuencias de la gestión del PP es que el informe de morosidad «señale que a finales de marzo de 2013 había 960 facturas por importe de 33,32 millones de euros que había superado el periodo legal de pago de 30 días, lo que supone el pago de intereses de demora». No obstante, ha reconocido que, respecto al trimestre anterior, «ha bajado el número de facturas y de la cantidad a pagar».