La alcaldesa de Valencia ha rebajado sus expectativas con el plan especial del Cabanyal. Consciente del desgaste político que supondría volver a meter las máquinas en el barrio y tras haber bajado, en las pasadas elecciones europeas, de un 53% de votos a un 25%, Rita Barberá calibra opciones. Su principal empeño, en estos momentos, es poder empezar antes de las elecciones municipales de 2015 las obras de urbanización de la parte más fácil del plan, es decir, el bulevar San Pedro.
La más fácil porque es donde más se ha avanzado con la adquisición de casas, concretamente un 84% han sido compradas y derribadas por el ayuntamiento. Un porcentaje que contrasta con el resto del ámbito del plan. En la zona de la prolongación de Blasco Ibáñez sólo ha podido comprar entre el 20 y el 47% de las casas.
El bulevar San Pedro es el eje viario de 400 metros de largo y 35 de ancho que cortaría en perpendicular, desde la plaza de la Cruz del Canyamelar hasta la de Vallivana, la prolongación de Blasco Ibáñez y que, según los redactores del plan, servirá para integrar la trama urbana de la ciudad con la del antiguo barrio de pescadores, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
La calle San Pedro, que pasa por ser la más antigua del barrio, representaba una especie de muralla entre la ciudad y el barrio. En 2007, el ayuntamiento inició un traumático proceso de expropiación forzosa y urgente en esta calle, de ahí el elevado número de casas que pasaron a manos del ayuntamiento. En San Pedro sólo quedan por adquirir y demoler 25 de las 134 casas afectadas, entre ellas, las de la familia de un conocido dirigente de Salvem el Cabanyal, la plataforma contraria a la prolongación de Blasco Ibáñez. Pero para poder ejecutar el bulevar de San Pedro, cuyo coste asciende a 9,3 millones de euros con cargo al plan Confianza, la alcaldesa necesita llegar a un acuerdo con el Ministerio de Cultura.
Tras fracasar en su intento de que el gobierno de Mariano Rajoy derogase la la orden ministerial de 2009 del anterior gobierno socialista, que suspendió el plan del Cabanyal por considerarlo expolio del patrimonio histórico, la alcaldesa tiene el mandato del Gobierno de adaptar el plan urbanístico a la orden ministerial. La alcadesa intentaría ahora negociar una redelimitación del ámbito de la suspensión de licencias para que se ciña al BIC y no a todo el ámbito del Pepri, lo que permitiría entrar en San Pedro al estar esta calle fuera del conjunto histórico.
