La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ratificará hoy la retirada de la concesión de la Piscina Valencia a la familia Barrachina debido a la acumulación de una deuda superior a los 300.000 euros. El Servicio de Contratación, apoyado por un informe del Servicio Jurídico, ha rechazado todas las alegaciones presentadas por la concesionaria, si bien ha remitido el expediente al Consejo Jurídico Consultivo y ha suspendido la ejecución del mismo hasta que haya un pronunciamiento.
La Piscina Valencia la forman tanto la piscina propiamente dicha como los salones Alameda Palace y el restaurante Les Graelles, otorgada en concesión a Hosva, S. A. (familia Barrachina) por última vez desde 1996 aunque ya se había producido otra etapa anterior. En los últimos tiempos, sin embargo, la concesionaria ha dejado de abonar el canon y sólo de los años 2010, 2011 y 2012 acumula una deuda de 366.000 euros.
En consecuencia, la Junta de Gobierno Local ya aprobó el pasado mes de marzo la suspensión del contrato y abrió un periodo de alegaciones para que la empresa se pronunciara, cosa que hizo.
En resumen, su argumento era que la «grave crisis económica» había hecho caer los ingresos y había roto el «equilibrio concesional», es decir, había una caída de ingresos frente a unas cuotas fijas a las que responder. Aludía incluso a la dura competencia que había sufrido por parte de los recientemente inaugurados polideportivos de Abastos, Petxina y Balneario de la Alameda, que podrían haber tenido incidencia en la demanda «por exceso de oferta». Y se ofrecían a negociar «posibles medidas de capitalización o la prestación de garantía adicional a la ya constituida», porque, a pesar de todo, se manifestaban «optimistas» respecto a la situación económica y esperaban revertir la situación en el año 2014.
Rechazo de las alegaciones
Estas alegaciones, sin embargo, no han sido atendidas por los técnicos municipales, quienes aseguran que ese supuesto desequilibrio concesional debería haber sido comunicado antes de que se acumulara la deuda. De haber sido así, dice el informe, «se podría por los servicios económicos municipales haber evaluado y determinado tal circunstancia y, en su caso, adoptar por la corporación los mecanismos de ajuste oportunos».
Lamenta, así mismo, que no se haya aportado documento alguno sobre el impacto que ha tenido la apertura de tres polideportivos en el entorno de la Piscina Valencia. Y rechaza, en última instancia, que no se les hubiera apercibido previamente de la posibilidad de retirarles la concesión, pues «en reiteradas ocasiones» se advirtió a la concesionaria «de las consecuencias del impago de los cánones».
Por todo ello, los servicios municipales confirman su decisión inicial de resolver el contrato y retirar la concesión, aunque en este caso no se ha llegado a máximos. El contrato determina que «la demora en el pago durante más de dos meses constituye falta muy grave sancionable con multa de hasta 300.000 pesetas (1.800 euros) y/o la caducidad del contrato, que a su vez constituye causa de extinción de la concesión». De la multa no se dice nada en el expediente.
Y se dice también en el contrato que «el concesionario tiene que dejar libre y a disposición del ayuntamiento los bienes e instalaciones en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de notificación del acuerdo resolutorio». En este caso, no obstante, ante la «oposición» de la concesionaria, el equipo de Gobierno decidirá al menos así lo proponen los técnicos enviar el expediente al Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat Valenciana y mantener la concesión hasta que haya un pronunciamiento de éste. El plazo máximo de suspensión es de tres meses.
