La de ayer fue una jornada muy larga para los extranjeros que aspiraban a una de las cien tramitaciones de la nacionalidad española que repartió en un sólo día el Registro Civil de Mislata y Xirivella. A las 08.30 horas, cuando todavía quedaban 30 minutos para abrir las puertas del juzgado, ya eran alrededor de 260 las personas que se habían apuntado a la lista que los propios aspirantes habían realizado con el fin de que se guardara un orden de llegada y evitar conflictos y «colones». Aún hubo una veintena de despistados que fue llegando a lo largo de la jornada con la misma intención de estar entre los cien elegidos que los que llevaban allí desde hace más de una semana.
Tras horas pegados a las paredes de los edificios de la calle Antonio Aparisi buscando un mínimo de sombra que les aliviara el enorme calor (más de 30º a la una del mediodía), a las dos de la tarde un agente de la Guardia Civil avisó de que, tras repartir las cien citas, los funcionarios iban a apuntar los datos de 70 personas más para que aspiraran al proceso de nacionalidad en el caso de que alguno de los cien primeros perdiera esta posibilidad.
Así pues, tras horas, e incluso días, esperando en plena calle, más de un centenar de inmigrantes se quedaron sin siquiera la posibilidad de estar en la reserva por si a alguno de los cien «afortunados» le descubrían durante la tramitación antecedentes penales o que no lleva suficiente tiempo en España para cumplir con los requisitos. Ya durante la madrugada se habían registrado discusiones entre los aspirantes a la nacionalidad española que hacían guardia desde hace días y los que habían acudido la noche anterior y criticaban el «monopolio» de la lista. Los hubo incluso que intentaron iniciar una lista alternativa que no cuajó. Otros protestaron a lo largo de la mañana por la falta de información por parte del juzgado sobre los números que iban a repartir. «Cien van a entrar seguro, pero otros años se han repartido más números. Como no lo sabemos si hoy también lo harán, nos quedamos aquí por si acaso», decía una mujer situada muy por detrás de la posición 150.
En el momento en el que el guardia civil dio la noticia de que las cien citas se había repartido ya y que sólo 70 más aspirarían a ser reservas, proliferaron las caras de disgusto e incluso algunos demostraron su enfado a gritos. Seguramente, la presencia de los agentes de la Policía Nacional de Mislata, que durante casi toda la mañana estuvieron acompañados por la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valencia, evitó que ese enfado verbal fuera a mayores. «Este año hemos pedido más refuerzos», reconoció ayer el jefe de la Comisaría mislatera, Juan Mª Cervera, que acudió a los juzgados para transmitir a sus responsables su contrariedad por la mala organización del reparto de citas.
El jefe de la Policía Nacional de Mislata y, por supuesto, los mismos afectados no han sido los únicos en mostrar su enfado por este fenómeno de «burocracia del siglo XIX» (como lo definió ayer uno de los inmigrantes) que se da cada año en el Registro Civil de Mislata. También lo han hecho el gobierno local socialista y EUPV, que ayer mismo presentó iniciativas en el Congreso y en las Corts «sobre la espera de centenares de personas haciendo cola a las puertas el Juzgado Civil». También el sindicato CSI.F lamentó ayer que la Generalitat no responda a sus peticiones de aumentar la plantilla de trabajadores de estos juzgados.
El propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana señaló ayer que, pese a que los expedientes de nacionalidad significan el 78 % de la actividad que realiza el Registro Civil de Mislata y Xirivella, este «no cuenta con capacidad informática para abrir cita previa por internet» pese a haberla solicitado en varias ocasiones a la Dirección General de Justicia. «El Registro Civil de Mislata tiene que recurrir a otro sistema, ordenado, previsible, con agenda controlada, para repartir los números. Abre dos turnos. El próximo será a finales de año», añadieron las mismas fuentes.
También señaló ayer el TSJ que la juez responsable del Registro Civil remitió en enero un informe a la sala de Gobierno en el que solicitaba dos funcionarios para hacer mínimamente frente a la carga de trabajo.
