El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, personado como acusación particular en el caso Nóos, ha vuelto a pedir a través de un recurso de apelación dirigido a la Audiencia de Palma la imputación en la causa del vicealcalde valenciano, Alfonso Grau.
Los socialistas valencianos rebaten la desimputación dictada por el juez instructor, José Castro, al entender que la investigación ha desvelado suficientes indicios para llevar a Grau a juicio por desviar fondos públicos de forma irregular al instituto que dirigía Iñaki Urdangarin.
Tras aceptar Castro la imputación de Grau a instancias de los concejales socialistas y la Fiscalía Anticorrupción el pasado 13 de mayo y tomarle declaración el 31 del mismo mes, en el auto que puso fin a la instrucción, dictado el 25 de junio, le excluyó de la lista de imputados por considerar que los indicios contra el edil del PP no eran consistentes.
La acusación particular valenciana recurrió en reforma esa decisión, pero el titular del juzgado de instrucción 3 de Palma la ratificó el pasado día 17, por lo que ahora el grupo del PSPV apela a la Audiencia de Palma, que analizará a partir de septiembre todos los recursos contra las conclusiones de Castro.
En un escrito de 111 páginas presentado ayer en los juzgados de Palma, los socialistas de Valencia sostienen que Grau debe ser acusado de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias por beneficiar, como presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), a Urdangarin y su socio Diego Torres, a quienes contrató para la organización de los foros sobre deporte Valencia Summit, celebrados en 2004, 2005 y 2006.
El Instituto Nóos cobró por este encargo unos 3,1 millones de euros de los que 1,3 millones, según la acusación particular, salieron de las arcas públicas municipales y se pagaron a través de FTVCB, una entidad pública que se utilizó "para evadir los controles legales" propios de una administración.
Sostiene la acusación que se logró así "desviar fondos que pertenecían al erario público a favor de los intereses privados de determinadas personas", con la intervención decisiva de Grau, que no solo amparó que se ignoraran las reglas de contratación pública, sino también la falta de estudio de viabilidad, control de precios y fiscalización de los gastos.
El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia pide a la Audiencia de Palma que revoque la decisión del juez Castro e incluya al vicealcalde en la relación de imputados en la causa, que el instructor dejó en dieciséis personas, incluida la infanta Cristina.
