El Ayuntamiento de Valencia lleva denegando licencias de obra en el Cabanyal desde antes de que se dictase la orden del Ministerio de Cultura de 2009 que paralizó el plan de la prolongación de Blasco Ibáñez por suponer expolio del patrimonio histórico. Así lo denunció ayer el portavoz de EU, Amadeu Sanchis, quien explicó que una vecina de este barrio solicitó en el año 2003 licencia para rehabilitar un edificio histórico situado en el número 213 de la calle de la Reina y en marzo de 2006 el ayuntamiento decidió no otorgársela y le obligó a paralizar las obras, ya iniciadas.
Se da la circunstancia de que había sido el mismo ayuntamiento el que en marzo de 1999 instó a la propiedad para que interviniese y adoptara medidas de seguridad y salubridad, motivo por el cual la vecina solicitó la licencia en 2003.
El edificio en cuestión estaba catalogado en el plan general de ordenación urbana de 1988 con nivel 2 de protección. El plan del Cabanyal de 2001 lo descatalogó y «lo dejó en el limbo» de los edificios fuera de ordenación, destacó ayer Amadeu Sanchis. «Estamos hablando de un edificio emblemático de «alto valor» arquitectónico y un ejemplo de la arquitectura modernista del Cabanyal.
El edificio está fuera del ámbito de la anulada prolongación de Blasco Ibáñez. Para Sanchis, «esto demuestra que no es verdad que el PP no concede licencias por culpa de la orden ministerial». La prioridad de la modificación que ahora propone el equipo de gobierno de Barberá es desbloquear las licencias urbanísticas que mantienen paralizado el barrio y que están suponiendo un gran desgaste político para el PP.
En este sentido, el portavoz de EU respaldó ayer la campaña de ámbito estatal impulsada por la plataforma Salvem el Cabanyal para «inundar» de alegaciones contra la modificación del plan de la prolongación. Una iniciativa con la que los vecinos quieren hacer lograr un rechazo masivo a la modificación del plan que propone el gobierno de Rita Barberá.
Una nueva versión de la prolongación que reduce los derribos y respeta algunas alineaciones pero que a juicio de Salvem el Cabanyal sigue siendo igualmente expolio del patrimonio.
EU también ha anunciado que presentará alegaciones a la modificación del pepri.
El plazo para presentar alegaciones concluye el próximo 22 de septiembre. Podemos ha sido la primera formación política que ha presentado enmiendas. También lo harán PSPV y Compromís.
