Los representantes de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia propusieron ayer el cobro de una tasa a las grandes superficies que abren los festivos y la contratación de forma excepcional de personal para los servicios sociales de la ciudad, que, según dijeron, están colapsados.

Amadeu Sanchis y Rosa Albert presentaron ayer sus propuestas para el curso político iniciado tras el verano y analizaron la situación municipal. Y esa situación, según Sanchis, se resume en un ayuntamiento atado económicamente por la obligación de pagar su deuda, que pierde las elecciones europeas frente al ascenso de la izquierda y que inventa una reforma electoral que Rita Barberá aplaude de forma entusiasta porque «es la última bala que le queda para mantenerse en el poder».

A su juicio, la alcaldesa «ha fracasado en todo», desde la Marina Real, que «está subastando al mejor postor» en vez de darla a los ciudadanos, al Mestalla, pasando por el Parque Central o el Cabanyal. «Son fracasos e incumplimientos» ante los que «el PP de Madrid no ha hecho más que exigir el pago de deuda y olvidarse».

Frente a esta situación, Rosa Albert propone un cambio de orientación inmediata, que se note ya en los presupuestos, «continuistas y preocupantes» por lo que ha anunciado ya el concejal Silvestre Senent. En su opinión debería rebajarse el pago de la deuda, que supone el 17% del total, y redistribuir mejor los ingresos.

En este sentido, propuso que las grandes superficies que abren los domingos paguen una tasa al ayuntamiento y luego se destine a empleo y barrios. Y relama también que se contrate de forma excepcional más personal para los servicios sociales, que no pueden atender las demandas.

Subestación de Patraix

Por otro lado, Amadeu Sanchis anunció ayer que el diputado Ricardo Sixto formulará una batería de preguntas en el Congreso sobre la ampliación de la subestación de Patraix. Lo hará después de conocer que Iberdrola Distribución tiene prevista la ampliación de dos celdas de esta infraestructura.

A juicio de Sanchis, este hecho demuestra lo que EUPV ya denunció en octubre de 2012, es decir, «la situación de indefensión» de los vecinos de Patraix tras conocer, mediante una respuesta facilitada por el Gobierno central a Sixto, que no se había cerrado en ningún momento la posibilidad de seguir utilizando la subestación eléctrica de este barrio.