La Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia ha ordenado a la Policía Local incrementar el control de los pisos ocupados ilegalmente tras ser embargados y abandonados por los bancos. La idea, según fuentes municipales, es que identifiquen a los ocupantes, comprueben la ilegalidad de la ocupación, investiguen qué banco es el titular de la vivienda y se pongan en contacto con sus responsables para que reclamen judicialmente el desalojo.
La medida del Ayuntamiento de Valencia responde a las quejas de los vecinos por la creciente ocupación ilegal de los pisos que son propiedad de las entidades financieras. En cientos de estas viviendas han entrado familias que rompen las puertas, enganchan ilegalmente la luz y no pagan comunidad, lo que genera graves problemas a las comunidades y también problemas de delincuencia en los barrios, como ha denunciado la presidenta de la Asociación de Vecinos de Orriols, Maica Barceiro.
Precisamente, Barceiro pidió al ayuntamiento que hiciera un censo de los pisos y de sus ocupantes para informar a los bancos y obligarles a intervenir. Y por este barrio empezará, efectivamente, a trabajar la Policía Local.
Según fuentes municipales, hacer un censo de toda la ciudad es muy complicado, además de un trabajo ingente para los policías, pero sí se ha ordenado a la Policía Local de Orriols, que es uno de los barrios más afectados, que incremente sus ya habituales servicios en este sentido. En concreto, se les ha pedido que identifiquen los pisos ocupados, a sus ocupantes y a sus propietarios, a los que luego se les dará cuenta de la ocupación para que la denuncien en el juzgado y se emita una orden de desalojo.
Se trata de un trabajo complejo para el que la Concejalía de Seguridad Ciudadana reclama la colaboración de los vecinos, es decir, que todo aquel que sepa de una vivienda ocupada por el método de la «patada en la puerta» lo comunique a la Policía Local para que pueda actuar según lo parámetros antes descritos.
En la zona de la Safor, el Ayuntamiento de Gandia también detectó alquileres fraudulentos en viviendas embargadas y propiedad de los bancos que habían sido ocupadas ilegalmente por grupos de personas. Los beneficiarios eran estafadores que se aprovechaban de la desesperación de quienes no tenían ningún lugar para residir y que abonaban alrededor de cien euros al mes por quedarse en esos pisos. Fuentes policiales consultadas ayer señalaron que raíz de la puesta en marcha de la llamada «Operación Ajedrez» que consiste en detectar, desalojar y cerrar viviendas ocupadas ilegalmente, los agentes que se dedicaban a esa actuación escucharon de boca de algunas personas desalojadas que ellos pagaban «un alquiler» por vivir allí. Posteriormente se pudo comprobar que el pago del dinero, alrededor de cien euros, iba a parar directamente al bolsillo de algunos desaprensivos, que nunca pudieron ser identificados porque llevaban a cabo su «negocio» a través de terceras personas y recurrían a espacios públicos, generalmente bares, para recibir el pago. La Policía Local de Gandia indicó que eso ocurrió en dos o tres casos, y hace ya más de un año, cuando el Gobierno local del PP puso en marcha uno de los programas más cuidadosamente estudiados de toda España para erradicar la práctica de la ocupación ilegal de viviendas.
El alcalde de la ciudad, Arturo Torró, bautizó este dispositivo como «Operación Ajedrez» porque para llevarla a cabo era imprescindible actuar moviendo varias piezas simultáneamente, según informa S. Sapena.
