El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Licencias, ha abierto hasta la fecha 85 expedientes contra apartamentos turísticos de la ciudad y ha ordenado el cierre de 15. Estos datos fueron difundidos ayer después de que un juez ordenara el cese de actividad de unos apartamentos situados en calle de la Carda y la Asociación Amics del Carme volviera la vista sobre el consistorio para pedirle que no se quedara pasivo ante esta situación.

Según fuentes municipales, todos los expedientes se abrieron a raíz de denuncias o quejas expresadas por los vecinos o directamente por iniciativa de la Policía Local. Lo habitual son problemas de ruidos o comportamientos anómalos en el uso del inmueble.

Estos expedientes son tramitados por el ayuntamiento, pudiendo desembocar los mismos en la orden de cese de la actividad como apartamento turístico cuando se comprueba que incumplen alguno de los requisitos administrativos. De aquellos que determinan el cese de la actividad se da traslado a la Consellería de Turismo, que es el organismo competente sobre los apartamentos turísticos y donde se lleva a cabo la resolución de las posibles sanciones.

Según el concejal de Licencias, Félix Crespo, la Conselleria de Turismo cuenta con un registro de apartamentos turísticos, de cuyas altas en el mismo informa al ayuntamiento. Cuando se recibe la denuncia o la queja de un ciudadano, los inspectores del consistorio acuden y comprueban si el apartamento está dado de alta en el registro y si cumple con la normativa urbanística para este tipo de actividad, que establece que han de situarse en planta baja, primera o segunda, y que no puede haber en la misma planta un domicilio particular, ni tampoco debajo.

Desde la Asociación de Empresarios de Apartamentos se cree, sin embargo, que falta coordinación entre la Conselleria de Turismo y el Ayuntamiento de Valencia, lo que ha provocado que en la actualidad haya entre 300 y 500 apartamentos «irregulares» en la ciudad.

Según José Benavent, presidente de la asociación, los apartamentos tienen que pedir licencia de actividad al consistorio y darse de alta en el registro de apartamentos de la Generalitat, pero ocurre que muchas veces cumplen una cosa pero no la otra y como ambas administraciones «no cruzan datos» pasan desapercibidas.

Por otro lado, asegura que el «decreto 92» permite permanecer fuera de este registro a quienes tengan un único apartamento, lo que convierte esta norma «en un coladero». «Hay gente que tienen varios a nombre de distintos familiares o incluso que dice que tiene uno y tiene más».

En su opinión, casi lo menos preocupante es la convivencia con los vecinos. De hecho, asegura que, al contrario de lo que pasa en Barcelona, aquí no hay alarma social. Lo normal, asegura Benavent, es que las empresas huyan de los lugares donde pueden tener conflictos con los vecinos. Además, asegura que hay comunidades que quieren tener apartamentos en su finca para que les ayuden en los gastos comunes.