El resultado del ranking nacional del test de aplicación de la Ley de Transparencia para municipios con más de 50.000 habitantes, elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos, sitúa a Valencia en el puesto 108 de las 144 ciudades analizadas. «Ha obtenido una puntuación de 2,05 puntos sobre 5, de manera que no llega ni a un hipotético aprobado ni al promedio de puntuación total que es de 2,64 puntos», incidía ayer Salvador Broseta. El portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia advertía que la «reticencia» de la alcaldesa, Rita Barberá, a «poner en práctica una gestión transparente perjudica gravemente la imagen de nuestra ciudad».

«Valencia es la segunda ciudad peor situada de las 10 capitales de provincia más pobladas de España, sólo por detrás de Málaga», denunciaba, cuestionando que la capital de la Comunitat Valenciana haya obtenido «peor resultado que Alicante, Castellón y de todas las ciudades valencianas con más de 50.000 habitantes». Así, se sitúan por delante Elche, Torrent, Gandia, Paterna, Torrevieja, Sagunto, Orihuela, Benidorm, Vila-real, Alcoi y San Vicente del Raspeig.

Lamentaba, además, que Barberá «no se dé por aludida» en materia de transparencia y ha recordado que en dos décadas «ha rehuido el debate con los grupos de la oposición y las sesiones de control». «Nos encontramos con una alcaldesa anacrónica, una anomalía en el funcionamiento democrático de los ayuntamientos porque sigue sin aceptar dar cuenta de su gestión en los Debates sobre el Estado de la Ciudad».

Además, Broseta cree que la «falta de convicción en una gestión transparente están detrás de los casos de corrupción que acorralan al Ayuntamiento, como son Emarsa, Nóos, o la situación de Feria Valencia". A este mismo nivel ha situado la «falta de explicaciones tanto de la alcaldesa como de su vicealcalde, Alfonso Grau, sobre el presunto intento de manipulación de las declaraciones de los miembros del patronato de la a Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB)». «Se burlan de los ciudadanos y ciudadanas al negarse a dar explicaciones, tanto sobre estos hechos como sobre el conjunto de sus más de 20 años de gestión», remarcaba, además de citar a modo de ejemplo «la negativa del equipo de Gobierno a aprobar la comisión de control y seguimiento de la contratación pública».