La revisión del plan general de ordenación urbana de 1988 que hoy pasará por la comisión de Urbanismo permitirá a 30 colegios religiosos de la ciudad volver a la situación anterior al PGOU de 1988 que los grafió como equipamiento público escolar ocasionándoles importantes pérdidas patrimoniales.
Diez colegios de la ciudad recurrieron la calificación como equipamiento educativo público que el ayuntamiento del socialista Ricard Pérez Casado les asignó en el PGOU de 1988. La intención del ayuntamiento era proteger el citado uso educativo de colegios ubicados en el centro para evitar la especulación urbanística. Sin embargo, varios centros recurrieron la decisión y tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Supremo les dieron parcialmente la razón. Los jueces entendieron que el ayuntamiento estaba legitimado para calificar como escolares las parcelas de los colegios religiosos si bien debía indeminizar económicamente a los colegios por la pérdida de aprovechamiento urbanístico y la limitación de usos. Así el ayuntamiento ha tenido que pagar 30 millones de euros a los colegios que pleitearon.
Los que no lo hicieron para evitar el coste económico que suponía el proceso judicial, serán resarcidos en la actual revisión del PGOU que tramita el gobierno de Rita Barberá.
Los técnicos municipales aceptan las alegaciones presentadas por los colegios religiosos, representados por la Asociación de Escuelas Católicas, para que sus parcelas sean calificadas como suelo educativo privado.
Aducen los técnicos que, desde el punto de vista estrictamente urbanístico, lo relevante es garantizar que esos terrenos se mantengan como equipamiento escolar para poder atender a la adecuadamente a la demanda de escolarización en todos los barrios de la ciudad.
En la modificación se garantiza la vinculación de las parcelas de los colegios religiosos al uso escolar, como mínimo durante 30 años. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor del nuevo PGOU se admitirán nuevos usos en los terrenos de los colegios religiosos, concretamente, terciario (tiendas, oficinas e instalaciones recreativas), aparcamiento y residencial comunitario.
El ayuntamiento ha rechazado las pretensiones de algunos colegios, como el de Maristas, ubicado en la calle Salamanca, en l'Eixample,y el de Salesianos, en la calle Sagunto, de ver incrementada su edificabilidad terciaria para equipararla a los parámetros del entorno. El colegio de Maristas fue uno de los que denunció al ayuntamiento por la pérdida de aprovechamiento lucrativo y que, por tanto, ha cobrado una indemnización, tal como recuerdan los técnicos municipales en el escrito de respuesta a las alegacines.
Algunos colegios también solicitaron en las alegaciones mecanismos compensatorios por la restricción del aprovechamiento urbanístico. Los técnicos municipales aducen que la posibilidad de presentar una reclamación patrimonial por este motivo ya ha prescrito.
Tampoco se ha aceptado la reclamación de algunos colegios que querían aprovechar la revisión del planeamiento para recalificar parte de sus terrenos. En concreto, se rechaza la petición del Colegio Santiago Apostol que se reconozca el carácter privado de una parcela grafiada como red viaria en el plan general.
En las alegaciones los técnicos municipales recuerdan a los colegios religiosos que la edificabilidad asignada a sus parcelas es la propia de una dotación educativa es decir un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo.
El grupo municipal socialista ha manifestado su desconfianza hacia esta modificación del PGOU a favor de los colegios religiosos porque abre la puerta a nuevos usos y una posible especulación con los terrenos educativos, donde se podrá construir una escuela de idiomas privada o una residencia de estudiantes, lo que supondría una merma de plazas escolares.
