Diversos colectivos, movimientos sociales, grupos de inmigrantes de diferentes nacionalidades y asociaciones de Valencia han convocado una manifestación el próximo sábado contra la nueva ley de seguridad ciudadana, también calificada como ley mordaza por los sectores críticos.
Así lo han anunciado los organizadores, entre los que se encuentran la Campaña por el Cierre de los CIE, Valencia Acoge, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), l'Assemblea de les llibertats i contra la repressió del Micalet o la Asociación Intercultural Candombe, entre otros.
La manifestación transcurrirá por las principales calles de Valencia hasta la puerta del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia, "uno de los símbolos de la vulneración de los derechos y la represión de la ciudadanía", han indicado las mismas fuentes.
La portavoz de los colectivos de las personas migrantes, Ángela Pedraza, ha manifestado que esta acción exige "el fin de la represión de los derechos de todas las personas" y busca "poner en valor los beneficios que las personas extranjeras aportan a la sociedad, en todos los ámbitos".
La manifestación tendrá dos puntos de convocatoria diferentes, ambos a las 18 horas, una bajo el nombre Manifestación Día internacional de los derechos de las personas migrantes que, partirá desde la plaza del Ayuntamiento, donde se sumarán columnas de Orriols, Olivereta y Benimaclet, hasta la delegación de Gobierno donde se concentrarán los colectivos contra la Ley Mordaza.
Según el comunicado, la Delegación del Gobierno será el punto de encuentro de ambos movimientos que marcharán de forma conjunta hasta la puerta del CIE de Zapadores. "La 'Ley Mordaza' pretende legalizar las deportaciones en la frontera de las personas que huyen del hambre, la guerra o la persecución política y es una maniobra del PP para legalizar lo ilegal, ya que se plantea de espaldas a toda la legislación internacional de derechos humanos" ha asegurado Ángela Pedraza.
El representante de l'Assemblea de les llibertats i contra la repressió del Micalet, Jesús March, ha asegurado que esta ley "nos sitúa en un sistema cada vez más dictatorial" con la intención de "parar la disidencia y la oposición a sus políticas y ponerse al servicio del capital", ha afirmado.
