Aunque el juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha decidido no sentar en el banquillo de los acusados al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, su letrado sigue tomando posiciones para el caso de que el recurso que ha presentado el grupo socialista llegue a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y ésta decida, como ya hizo en su día, juzgar al número dos de Rita Barberá.

Su último movimiento lo efectuó el pasado 2 de enero para conseguir que la fundación Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB), de la que es y era presidente cuando se cometieron las supuestas irregularidades en la contratación de las Valencia Summit, sea admitida como acusación particular en la causa. El juez Castro ya rechazó esta posibilidad cuando lo pidió el mes pasado la propia fundación. El escueto motivo es que la propuesta había llegado después de que se hubieran presentado las calificaciones, luego la petición llegaba fuera de plazo. Pero Alfonso Grau ha recurrido esa decisión e insta al juez a admitir a Turismo Valencia en la causa, una insistencia que ha indignado al grupo socialista, que ejerce la acusación popular y que ha presentado un escrito de oposición con una doble valoración: política y procesal.

De entrada, se suma a los argumentos expuestos por el juez Castro en su primera resolución, pero ademas entiende que la personación de TVCB «no obedece a la buena fe procesal que debe exigirse a las partes que quieran ejercitar acciones penales». La petición de Grau sería «una muestra más de la absoluta y completa instrumentalización que de la fundación pública ejerce el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia para sus intereses y beneficios estrictamente individuales».

Recuerda el grupo socialista que «Turismo Valencia ha pretendido su personación como perjudicada civil solicitando ni más ni menos que el archivo de las actuaciones respecto a Alfonso Grau», lo que vendría a demostrar «la burda farsa que es la dirección de la fundación y cómo el señor Grau manipula y dispone de la fundación a su antojo y encamina sus acciones a la consecución de sus intereses individuales, tal y como ya hizo con la firma de los convenios del Valencia Summit».

Y tras recordar que la acusación particular pueden ejercerla quienes «han sido directamente perjudicados por los efectos y consecuencias lesivas de los hechos punibles», se preguntan «¿cómo se puede pretender personarse en una causa si la única pretensión que se ejerce es la de solicitar el sobreseimiento y archivo de uno de los acusados por no considerarse perjudicada?»

En este sentido, el grupo socialista recuerda que el PP ya fue expulsado del caso Gürtel por solicitar el archivo de la causa para varios imputados.