09 de abril de 2015
09.04.2015

Titulares de aparcamientos públicos denuncian la reducción de servicios de limpieza y vigilancia sin que les bajen las cuotas

El concejal socialista Vicent Sarrià responsabiliza al ayuntamiento por no ejercer su labor de control

09.04.2015 | 04:15

El concejal socialista Vicent Sarrià denunció ayer que los compradores de plazas de aparcamientos públicos en régimen de concesión han sido «abandonados a su suerte» por la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia, que «está permitiendo a las empresas adjudicatarias numerosos incumplimientos del pliego de condiciones y de la memoria económica que presentaron cuando se hicieron con la gestión de los aparcamientos».

Después de recibir quejas de usuarios de diferentes aparcamientos públicos, Sarrià se ha reunido con propietarios del ubicado en la calle del Maestro Gozalbo, junto a la Avenida del Antiguo Reino de Valencia, quienes se están organizando para presentar denuncias ante la empresa y el ayuntamiento por incumplimiento de las condiciones de compra en régimen de concesión de sus plazas de garaje.

El aparcamiento de Maestro Gozalbo tiene 197 plazas de las que 99 son para residentes que las compraron en régimen de concesión y el resto para rotación, siendo inaugurado en el año 2008.

Según los propietarios, la empresa concesionaria ha introducido una serie de modificaciones con el objetivo de reducir costes pero sin repercutidos a la baja a los usuarios, quienes «siguen pagando una cuota mensual de 54 euros por gastos que no les justifican ni por escrito ni en convocatoria de reuniones». En concreto, dice, se ha reducido la limpieza, se ha despedido a trabajadores, la vigilancia se hace con cámaras y no se celebran las reuniones con los propietarios.

«Es una manera arbitraria de funcionar que está vulnerando los derechos de los usuarios», dijo Sarrià, quien acusó al delegado del Tráfico de «no ejercer sus competencias y asumir el control necesario para garantizar los derechos de los propietarios, que en definitiva compraron una plaza de aparcamiento público en régimen de concesión».

El aludido, Alberto Mendoza, salió inmediatamente al paso de estas acusaciones y lamentó que el concejal socialista «utilice a los vecinos para su campaña de imagen personal, lo cual es muy lamentable». Mendoza recuerda que «es obligación del concesionario efectuar la prestación del servicio en las debidas condiciones» de seguridad y eficacia. Eso significa que es la empresa la que puede elegir, por ejemplo, entre una vigilancia personal o con cámaras, que no tiene por qué ser peor.

En cuanto a los gastos mensuales, Mendoza recuerda también que es la empresa la que tiene que justificar ante el usuario las cuotas que les cobra y los conceptos, «siendo competente la jurisdicción ordinaria para resolver las incidencias derivadas de ello».

En cuanto a la limpieza, asegura que es la «adecuada».

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