El Ministerio de Cultura recoge en un informe fechado el pasado jueves que la orden ministerial en la que se apoyaba el Ayuntamiento de Valencia para no dar licencias ni en el ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal ni en todo el barrio no implicaba «la denegación de concesión de licencias municipales de cualquier tipo sobre bienes ubicados en el citado barrio». La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quiso ayer apuntarse un tanto político y electoral al aprobar una moción de Alfonso Novo y Félix Crespo en la que se pedía que se volvieran a otorgar las licencias. Sin embargo, el propio texto de la moción reproduce un informe del secretario general técnico del Ministerio de Cultura en el que se recoge que la orden „en revisión actualmente„ no impedía dar licencias, como el consistorio ha esgrimido desde enero de 2010.

El equipo de gobierno del PP aprobó ayer, en el último pleno del mandato, in extremis, el otorgamiento de nuevas licencias, estudiadas caso por caso, tal como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, anunció el pasado sábado en un acto con la alcaldesa y el presidente del Consell y candidato a la reelección, Alberto Fabra. Sin embargo, los informes contradicen el argumentario del equipo de gobierno, enfrentado desde 2009 a buena parte de los vecinos del Cabanyal y a Salvem el Cabanyal al asegurar que la orden ministerial de 2009 en la que se determinaba que el Pepri constituía expolio sobre los barrios marítimos impedía otorgar licencias de obra, lo que ha mantenido prácticamente paralizada la actividad económica y la revitalización de la zona desde que el documento entró en vigor en enero de 2010.

El secretario general técnico del Ministerio de Cultura asegura, en un informe remitido el pasado jueves al consistorio, que la suspensión del Pepri «debe limitarse a aquellos aspectos del mismo que supongan expolio en los términos de la Orden CUL 3631/2009 y en el ámbito del BIC». «En estas circunstancias la Orden CUL/3631/2009 no implica la denegación de concesión de licencias municipales de cualquier tipo sobre bienes ubicados en el citado barrio», indica el informe, que hace hincapié en que así las cosas el consistorio «podrá otorgar licencias, previo estudio riguroso de cada solicitud para determinar en cada caso si la aplicación de la suspensión parcial del Pepri permite o no la concesión de las mismas». «Esta actuaciones no afectarán al desarrollo de los trabajos cuya realización fue acordada por la DG de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, mediante resolución de 23 de febrero de 2015, en relación con la medida de suspensión del Pepri», dice el escrito.

Hace así referencia a una resolución del director general de Bellas Artes del ministerio en el que se afea al consistorio el «creciente deterioro tanto en términos de abandono y degradación arquitectónica (existiendo, de hecho, una pluralidad de situaciones de ruina material que demanda de forma acuciante actuaciones de demolición, restauración o consolidación estructural), como en términos sociales» que sufre el barrio del Cabanyal. «La suspensión impuesta por la orden tiene una vocación esencialmente temporal, y su prolongación en el tiempo podría perjudicar el desarrollo y conservación del conjunto histórico del Cabanyal, produciendo efectos contrarios a los motivos que justificaron su adopción», figura en el documento, donde se asegura es «necesario e inaplazable valorar cuáles deberían ser las medidas más eficaces para proteger el patrimonio cultural sin menoscabar el ejercicio de los legítimos derechos de los propietarios y partiendo del principio de intervención mínima».

Así, a un mes exacto de unas elecciones que actualizarán el mapa político en la ciudad, la alcaldesa esgrime como un éxito el levantamiento de la orden, adelantado el pasado sábado por la vicepresidenta, pero que supone una enmienda parcial a la política urbanística del gobierno del PP en el barrio del Cabanyal.