Comprobó que la obra que se había iniciado junto al solar de su propiedad invadía parte de la parcela. Por ello, Ricardo Alamar (propietario de la constructora Valalamar S.A.) acudió al juzgado de primera instancia número 4 de Valencia. Y le dieron la razón. El 30 de marzo de 2007, el juez ordenó a la empresa que estaba ejecutando los trabajos „Urbyagri S.L.„, en sentencia firme, «la suspensión de la obra que está realizando en el solar número 27 de la calle Buenos Aires en lo que afecte al solar colindante». Ocho años después y con varias sentencias similares a su favor, denuncias interpuestas ante la policía local y expedientes varios del Ayuntamiento de Valencia, la obra, lejos de estar paralizada ha ido a más. Cuando Ricardo Alamar interpuso la primera denuncia la obra acababa de arrancar. Hoy, la finca se ve a la perfección y tiene levantadas las seis alturas en una obra ejecutada al 75%.
Y así, a medio construir, lleva más de cinco años. Más de cinco años de incertidumbre, lucha e indignación para Ricardo Alamar que ve cómo, desde que caducara la licencia en 2012, el ayuntamiento prevé incluir el inmueble en el «régimen de edificación forzosa» lo que significa que, antes o después, la finca deberá ser concluida. Aunque haya invadido parte de la parcela anexa y el juzgado le haya dado la razón a su dueño. Por ello, Ricardo Alamar le exige al ayuntamiento que inscriba la finca «en el registro de solares, que es donde debe estar tras ser derruida porque la obra es ilegal y además la legislación ha cambiado de forma radical. El ayuntamiento no penaliza a la empresa que infringe la ley y, encima, le da ventajas». Y es que a la empresa Urbyagri S.L. le costó lo suyo cumplir la orden del juez. De hecho, cuatro meses después de esta primera sentencia firme (el 5 de julio de 2007), la obra continuaba a pleno rendimiento y un auto del mismo juzgado instó a la constructora a cumplir el fallo judicial «de inmediato» ya que podían «incurrir en delito».
El ayuntamiento, por su parte, también ordenó la paralización de la obra el 10 de julio de 2007 porque se estaba llevando a cabo «sin haber dado cumplimiento a las condiciones de la licencia previamente al inicio de las mismas».
Dos días después, la obra seguía en marcha y Ricardo Alamar se presentó allí, con el auto en la mano tras requerir la presencia de la policía local. Sin embargo, la abogada de la empresa aseguró que las obras que se estaban llevando a cabo «no afectaban al solar colindante, tal y como afirmaba la sentencia judicial». Ese era y fue el argumento durante mucho tiempo para que los trabajos continuaran.
Consolidación del inmueble
Los meses pasaban y la obra iba tomando forma. Por ello, Ricardo Alamar acudió, una vez más, al juzgado. En esta ocasión le mostró al juez la evolución de la finca entre la primera denuncia que realizó „los trabajos se centraban en el sótano„ y la actualidad de entonces (principios de 2008) donde la estructura de la finca ya se veía a la perfección. El 31 de enero de 2008 el juzgado de instrucción número 14 volvió a ordenar la paralización de la obra en su totalidad. Y los trabajos concluyeron.
Sin embargo, la empresa afectada Urbyagri S.L. denunció a Ricardo Alamar por daños y perjuicios, solicitando una indemnización de 500.000 euros. Y el 18 de mayo, el juzgado de instrucción número 22 de Valencia aseguró que, aunque la «invasión» en el solar anexo era cierta, autorizaba a seguir con los trabajos y a indemnizar a la empresa afectada con 168.000 euros. Los trabajos se reanudaron casi de inmediato „ya que, el ayuntamiento también alzó la paralización de la obra„ mientras Ricardo Alamar presentó un recurso ante la audiencia Provincial. Y volvieron a darle la razón. La sentencia data del 15 de diciembre de 2009 y la obra se paró, definitivamente, en ese momento.
Eso sí, durante los seis meses que tardó en salir el juicio, Ricardo Alamar asegura que «trabajaron tanto en la finca que la dejaron ejecutada al 75% con la clara intención de consolidarla».
