«Se dio una licencia de obra sobre un proyecto que incumplía el PGOU, carecía de Estudio de Seguridad y Salud, Proyecto de Infraestructura y Telecomunicaciones y Proyecto de Ejecución para el inicio de la misma, se ha personado la policía y ha visto la orden de paralización de las obras firmada por el propio ayuntamiento pero, aún así y con todo, el ayuntamiento ha consentido que se siguiera ejecutando la obra hasta enero de 2008. Se han vulnerado los protocolos de actuación al conceder la licencia y al no notificar a las empresas suministradoras los cortes de luz y agua».
El propietario del solar que ha sido invadido por una finca en Russafa, Ricardo Alamar, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía «intereses partidistas en beneficio de un tercero» al entender que el ayuntamiento ha tenido «un trato de favor» con la empresa constructora de la finca que invade su propiedad, la firma Urbyagri S.L. «El ayuntamiento ha sido incapaz de paralizar una obra ilegal desde su inicio», afirma la denuncia presentada en Fiscalía. Y continúa: «Todo en un intento de permisividad y tolerancia para consolidar unas obras ilegales desde su inicio». Según constan en la denuncia, Urbyagri S.L. «siempre está protegida en sus actuaciones e irregularidades por la propia Administración en un claro abuso de poder por parte de ambos: ayuntamiento y empresa». Pero ¿Por qué? Según el escrito presentado en Fiscalía, porque tanto la constructora Urbyagri S.L. como las al menos cinco empresas que surgieron tras la escisión de la firma «son o han sido concesionarias de varios aparcamientos públicos de la ciudad», entre ellos los de Tres Cruces, Héroe Romeu (mercado de Abastos) y Primado Reig-avenida Cataluña que, para más inri, «carecían de aparatos elevadores lo que implica una evidente barrera arquitectónica en un aparcamiento público de la ciudad». De hecho, el texto recoge que tras producirse la escisión empresarial «se le requiere a la empresa para instalar aparatos elevadores para eliminar las barreras arquitectónicas, pero tampoco se instalan».
Por todo ello, Ricardo Alamar expone en su denuncia un posible delito de «engaño, abuso de confianza y poder, posición dominante y abusiva, indicios de prevaricación y cohecho en beneficio de un tercero y posible falsedad en informes y tramitación de expedientes», entre otros.
«Incapaces» durante ocho años
Y es que esa es la única explicación que Ricardo Alamar encuentra en un proceso, declarado ilegal por un juez casi desde el minuto cero y que, ocho años después, sigue parado aunque, eso sí, ejecutado al 75%. «Todo esto me ha supuesto tanto a mí personas como a mi empresa, unos daños y perjuicios considerables al haber sido la Administración incapaz desde el primer momento de parar unas obras ilegales según la propia Administración. La finca, además, ha invadido mi propiedad haciendo inviable mi proyecto en un claro abuso de poder con dilaciones en los expedientes e incumplimientos en los protocolos y ordenanzas en favor de una empresa con posición dominante y agresiva vinculada con el ayuntamiento a través de concesiones que se conocen y otras que podrían existir», explica el afectado en la denuncia presentada.
Desde el ayuntamiento no contestaron ayer sobre la vinculación de la firma Urbyagri S.L. „o algunas de sus empresas segregadas„ con diversos aparcamientos públicos de la ciudad aunque, en 2013 la empresa figuraba como la concesionaria de los garajes de Tres Cruces, Héroe Romeu y Primado Reig-avenida Cataluña.
