El Ayuntamiento de Valencia procede estos días a la apertura de plicas para la concesión de los servicios de piscina y restauración del complejo Piscina Valencia. En total, son nueve empresas las que se disputan ambos servicios, que antes estaban unificados y que a raíz de la salida de la familia Barrachina hace prácticamente un año se volvieron a licitar por separado.
Para la gestión de la piscina se han presentado cinco empresas: Demmero, Santa Gadea, Centro Deportivo Puerto Palma, Enjoy y Carpa Servicios y Conservación, que es del grupo Forus, gestor de La Rambleta.
La gran condición impuesta a estas empresas es la ejecución de obras de reparación y acondicionamiento de las instalaciones por valor de 3,1 millones de euros, pero a cambio tendrán una concesión de 50 años y un canon anual del 1% de los ingresos.
Por lo que se refiere a la parte de restauración (salones Alameda Palace y restaurante Les Graelles), las empresas que optan a la concesión son cuatro: Maestrat, Music Resort, Bona Tradició y Servinopar.
En este caso la concesión es para veinte años y el canon anual alcanza los 150.000 euros. También se han concertado obras de acondicionamiento.
El pasado martes se abrieron los primeros sobres de ambas licitaciones y para la semana que viene se prevé la apertura del resto. De hecho, el proceso ya se ha retrasado más de lo previsto, pues la idea era haber resuelto la primera licitación (la piscina) en el mes de marzo. Ahora, además, hay que dar un plazo de dos meses para el inicio de las obras, que durarán, en el caso de la parte deportiva, alrededor de 18 meses.
Tras conocer las empresas que optaban a la gestión del Alameda Palace y Les Graelles, los trabajadores que durante años han prestado servicio allí han vuelto a incidir sobre la incongruencia de que una de las empresas tenga entre sus trabajadores a un miembro de la familia Barrachina, que fueron los anteriores gestores del complejo y que fueron desalojados por el propio ayuntamiento por impagos superiores a los 350.000 euros. Creen que los vínculos del consistorio con la familia Barrachina siguen intactos y advierten que eso puede condicionar la licitación.
El consistorio, sin embargo, mantiene que los Barrachina pueden trabajar donde quieran.
