«El procedimiento "dedocrático" de contratación de personal manifiestamente ilegal ha beneficiado, supuestamente, a familiares o amigos de altos cargos o dirigentes del partido que gobierna. O amistades y conocidos de los responsables de la Epsar. En todos los casos se hizo saltándose con absoluto desprecio la legalidad constitucional, la ordinaria y las advertencias de los órganos fiscalizadores que detectaron, y advirtieron, la ilegalidad durante cinco años», señala el sindicato CGT en su escrito de denuncia ante la Fiscalía. A pesar de las continuas advertencias de la Conselleria de Hacienda y de la Sindicatura de Comptes, los responsables de la Epsar no hicieran nada para solucionar todas las irregularidades.
Una actitud que, según la CGT, podría constituir un delito de «tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos», tal como consta en la denuncia admitida a trámite por la Fiscalía Provincial de Valencia.
La «finalidad» buscada por los responsables de la Epsar era, para el sindicato CGT, «colocar a personas concretas que, por relaciones familiares, de amistad o cualesquiera otras eran las elegidas para ocupar un puesto de trabajo en el sector público».
El sindicato CGT justifica su recurso a la vía penal porque «el sistema de controles administrativos han sido «convenientemente anulados y pervertidos». La CGT recuerda en su denuncia ante la Fiscalía que «las numerosas y reiteradas advertencias no han servido para que los gestores de entidades, como la Epsar, revocaran la contratación, reclasificación, creación de puestos de trabajo, pese a las advertencias de -nada más y nada menos- de la dirección general de Presupuestos, la Intervención General y la Sindicatura de Cuentas, respecto a la manifiesta ilegalidad de su actuación, no de manera puntual sino en numerosísimas ocasiones, por lo que la actuación ilegal se ha producido a sabiendas, con un notable, intencionado y grosero desprecio hacia la legalidad vigente, con la intención de colocar a personas concretas en puestos de trabajo público».
Por ello, el sindicato CGT planteó en su denuncia ante la Fiscalía de Valencia que los responsables de la Epsar podrían haber incurrido «en la comisión de los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias, así como cualquier otro delito que pudiera deducirse de las investigaciones que se practiquen».
