El Consorcio Valencia 2007, entidad encargada de la gestión de la Marina Real Juan Carlos I, ha alcanzado los 420 millones de deuda y se ha visto obligado a pedir una aportación económica a las tres Administraciones que lo componen: Ayuntamiento de Valencia, Generalitat y Gobierno central. Así se informó ayer durante la reunión de su consejo rector, en el que se anunció, así mismo, la retirada de Pablo Landecho como director general de la organización.

Como es habitual, el consejo se celebró ayer por videoconferencia en la Subdelegación del Gobierno en Valencia y bajo la presidencia de la alcaldesa Rita Barberá y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Uno de los puntos del orden del día era la aprobación de las cuentas anuales, que según Rita Barberá, cuentan con todos los informes favorables «sin ninguna salvedad». Los Ingresos se han incrementado en 1,1 millones y el gasto ha bajado un 20%, luego «se ha mejorado lo presupuestado».

El problema, según ha hecho notar la intervención, es que «se sigue manteniendo la dificultad para hacer frente a la deuda, fundamentalmente la deuda financiera». A este respecto, Pablo Landecho explicó que la Intervención ha constatado que el consorcio no puede pagar la deuda contraída en el año 2005 con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Así pues, las tres administraciones presentes en el consorcio tendrán que hacer aportaciones económicas a la entidad. Lejos de bajar la cantidad con el paso de los años, los «recargos y los intereses de demora» han elevado ya la deuda a 420 millones de euros.

Se da la circunstancia añadida de que la promesa del Gobierno de reestructurar la deuda, realizada hace meses, aún no se ha definido, lo que deja en muy mala posición la estabilidad económica de la entidad.

En este contexto, Rita Barberá aseguró que el cambio de Gobierno, que previsiblemente quedará en manos de Compromís, «no es bueno para esto». Y no lo es no sólo porque estos años hayan estado pidiendo la condonación de la deuda sino porque sus políticas, dijo, van en otra dirección.

Barberá cree, por ejemplo, que «el PAI del Grao se irá fuera», un proyecto del que podrían llegar ciertas «apoyaturas». También Landecho expresó su temor ante una posible reducción de horarios comerciales, pues la Marina Real Juan Carlos I es una de las zonas de libertad horaria y eso es esencial, dijo, para el funcionamiento y atracción de determinados servicios.

Concurso del Veles e Vent

En cuanto a los concurso en marcha y a la posibilidad de que sean paralizados por el nuevo gobierno local, los responsables del consorcio aseguraron que sólo está vivo el de la gestión del edificio Veles e Vent y que el plazo de presentación de ofertas termina el próximo 12 de junio, por lo que efectivamente podría ser paralizado. Aún así, creen que debería seguir adelante y unirse a los otros muchos logros que, según Landecho, se han conseguido estos últimos años, entre ellos la lanzadera de Juan Roig, que ha supuesto una inversión de 30 millones y llevará a un millar de alumnos diarios a sus instalaciones; los veinte establecimientos hosteleros que se han adjudicado, la recuperación de los tinglados, el club de playa o la futura lonja de pescadores.

Landecho, que antes fue jefe de gabinete del presidente Camps, agradeció el apoyo de la alcaldesa durante todo este tiempo y aseguró que deja el consorcio porque tiene otra oferta de trabajo. Su puesto lo ocupa el director financiero, Fernando Soriano.