El Consorcio Valencia 2007 llegará a manos del nuevo gobierno municipal y autonómico en una situación económicamente cuestionable. Lo es fundamentalmente por el crédito que el consorcio, compuesto por las tres administraciones, firmó con el ICO en el año 2005 para realizar las obra de la Marina Real, sede de la Copa del América. Eran más de trescientos millones que la entidad debería devolver con la explotación de la dársena, explotación que no ha despegado y que ha dado al traste con los planes iniciales.
A día de hoy la deuda es ya de 420 millones, de los cuales 263 son del crédito ICO, 90 son de la Dirección General del Tesoro por cuotas no atendidas en estos años (el avalista era el Gobierno) y 67 millones del Banco de Santander como consecuencia del contrato de cobertura.
Para solucionarlo se han planteado dos opciones: la condonación de la deuda por parte del Gobierno, posibilidad descartada de inmediato, o reestructuración de la deuda para que resultara menos nociva para los presupuestos, pero nada de eso ha ocurrido. Ahora todo depende del despegue de la Marina y de la aportación de las administraciones. Y en ambos casos hay muchas dudas.
