La visita de los concejales de Urbanismo y Vivienda, Vicent Sarrià y María Oliver, al barrio de Orriols para anunciar su plan contra el denominado «agujero de la vergüenza» acabó convirtiéndose en el escenario perfecto para que los vecinos reclamaran en primera persona y de primera mano viviendas sociales y mayor seguridad ciudadana.

Caballo de batalla de los socialistas durante las últimas legislaturas, el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, acudió ayer a la calle Agustín Lara para comunicar a los vecinos su plan para prolongar esta calle hasta la avenida de la Constitución. Ahora lo impide un edificio, antiguo Restaurante Balaguer, y los vecinos se comunican desde la calle Padre Viñas a la calle Baeza a través de un agujero abierto en una esquina.

En principio, la idea es incluir este caso en el nuevo Plan General, pero como eso tardará tiempo, la alternativa que ayer ofreció Sarrià a los vecinos consiste en ofrecerle al dueño del solar otra parcela en la parte de la ciudad que él quiera y hacer una permuta garantizándole la edificabilidad. Luego, el dueño del solar podrá hacer lo que quiera con esa parcela y el ayuntamiento procedería a abrir la calle y preparar los solares colindantes para su construcción.

A los vecinos esto les pareció bien, pero su batalla a día de hoy es claramente otra. Varias familias, con niños en los brazos, pidieron primero a Vicent Sarrià y luego a María Oliver, viviendas sociales. «Nos hemos tenido que ir con mi suegra porque nos quitaron el piso. Y si nos pusieran un alquiler social de 80 euros o una cosa así nosotros podríamos vivir solos», explicaba una mujer a todo el que quería escucharla.

Su argumento es que hay muchos pisos vacíos y a ellos no los escucha nadie. Pero eso es un arma de doble filo, porque inmediatamente otro grupo de vecinos explicó a los concejales que muchos de esos pisos ya no están vacíos, sino ocupados ilegalmente por familias de fuera del barrio que han aprovechado las casas abandonadas por los bancos para ocuparlas por la fuerza, generado una situación de inseguridad «insoportable». «No respetan nada, te insultan, te escupen y hay niños de 7 y 8 años que te roban el bolso», aseguraban.

Su presión hizo incluso que María Oliver les acompañara a la calle San Juan de la Peña para ver un grupo de viviendas tomado por estas familias. Allí pudo entrar a un edificio al que le habían arrancado el telefonillo y tenía el portar lleno de trastos. Al otro lado de la calle había más casos iguales, pero había gente en la puerta y prefirieron pasar por alto. En los cables de la calle colgaban zapatillas y bolsas de plásticos que indican que allí se vende droga.

Ante esta avalancha de quejas, Oliver explicó que están negociando con los bancos para que les cedan los pisos vacíos y además arreglarán las viviendas públicas en mal estado para ampliar el parque de vivienda social. También les comunicaron que Orriols es la segunda prioridad después del Cabanyal y que también se incrementará la presencia policial.

En definitiva, un baño de realidad para el nuevo gobierno.