Los programas de formación y ocupación que desarrolla el Ayuntamiento de Valencia reservarán un porcentaje de plazas para que puedan beneficiarse de los mismos personas en riesgo de exclusión social. Esta una de las novedades de la nueva Concejalía de Inserción Socio-Laboral, a cargo de Isabel Lozano (Compromís), que también tiene a su cargo la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas y la Universidad Popular. Licenciada en Psicología y Comunicación Audiovisual, Lozano resaltaba que, con el nuevo gobierno local, la igualdad y las políticas inclusivas dejan de ser un servicio asistencial para «pasar a ser una cuestión de derechos y políticas transversales en toda la acción de gobierno».

De hecho, ha apuntado que se va a convertir «en la máxima policía» de las políticas que llevan a cabo sus compañeros de gobierno y a «potenciar la evaluación» para garantizar que el impacto que tienen sobre hombres y mujeres, el colectivo LGTB, migrantes y personas con discapacidad no sea discriminatorio. Su departamento planea la puesta en marcha del tercer Plan Municipal de Igualdad „ el segundo finalizó en 2012„ que, como novedad, incorporará la figura de los agentes de igualdad de oportunidades por distrito, que harán un diagnóstico de los barrios desde la perspectiva de género.

Lozano ha resaltado que harán una distinción entre políticas de igualdad de género y políticas de LGTB para «dar visibilidad» a un colectivo que «era incluso menospreciado» y para ello pondrán en macha el Consell Municipal LGTB.

También se incorporarán talleres educativos a la oferta del Programa Educativo de Igualdad de Género, Conciliación y Prevención de la Violencia que se ofrece en los colegios y se incidirá en la formación del personal municipal, especialmente, en el cuerpo de Policía, «aún masculinizado y con cierta ideología machista e intolerante».

En Inserción Socio-Laboral, se destinarán 500.000 euros que tenía reservado el anterior gobierno para un programa de Vivienda y Desahucios a Ayudas de Emergencia Social para que personas en riesgo de exclusión «puedan pagar sus alquileres o ser reubicados en otras viviendas».