La misma imagen se viene repitiendo desde hace ya más de un año. Todos los lunes, un grupo de personas acarrean sillas hasta la Plaza del Ayuntamiento. Delante del consistorio se sientan en ellas para reivindicar sus peticiones, sus anhelos y por qué no, sus sueños.
Son gente trabajadora, privada por esta maldita crisis capitalista de su trabajo, de su vivienda, de lo esencial para vivir en las condiciones que tod@ ciudadan@ debe tener garantizadas. Pero este sistema económico, cruel y despiadado, no ha podido arrancarles la fuerza de luchar, no sólo por aquello a lo que tienen derecho, sino por defender la dignidad de las personas, que no tiene precio, ni puede ser arrebatada por cálculos económicos realizados por neo liberales que actúan, como diría Paul Krugmann, como «profesionales en infligir dolor ajeno».
Cada lunes le recuerdan a la institución política más cercana, que la crisis no ha pasado y que al contrario, como sucediera en Chile y en Gran Bretaña, al neoliberalismo le sobra el 30% de la población, a la que necesita condenar al ostracismo, para diseñar un futuro económico de estabilidad y recuperación. Son desemplead@s de larga duración, mayores de 45 años en muchos casos, expulsad@s de sus viviendas por entidades financieras rescatadas con dinero público, trabajador@s que necesitan que el Estado social cumpla con la obligación que tiene de velar desde que nacemos hasta que morimos. Reclaman su derecho a un trabajo digno, a unas prestaciones justas por desempleo, a una vivienda pública, a ayudas para hacer frente a recibos que siguen llegando ajenos a la realidad de sus receptores, a un salario social básico...
En València, la crisis ya se ha cobrado 68.422 personas en paro, 35.000 familias sin ningún tipo de ingreso desde que comenzó el año. Vivimos en un estado de emergencia social que debería ser prioridad absoluta para las administraciones, que lamentablemente parecen dedicarse a cuestiones más mediáticas que en ningún caso alivian, como dice el gran Manuel Sacristán, «el sufrimiento en tiempo real de estas personas».
Esta situación debe obligar al nuevo Gobierno municipal a un giro de 180 grados respecto a las políticas laborales y sociales impulsadas por el PP en los últimos años de su mandato, incubadas y llevadas a práctica desde 1991. Se implementó una política económica en la que la privatización y con ella la de los servicios municipales se erigió en buque enseña, defendiendo la suicida afirmación de que sólo se crea trabajo desde la empresa privada. Cerca de setenta mil razones hunden dicha afirmación en València.
Toca por tanto la elaboración de un plan de choque contra el paro y la exclusión social, basado en el trabajo garantizado, y que tenga como eje central la apuesta por lo público, con un plan de remunicipalización de lo privatizado, y un plan de empleo público aprovechando la flexibilidad que se permite este año. Mientras tanto, habrá que cumplir los compromisos adquiridos, como el bono transporte para parad@s de larga duración, así como excepciones o moratorias en el pago de impuestos municipales para estas personas. Y como dijo Danton, la audacia, siempre la audacia, sin miedo.
