El alcalde de Valencia, Joan Ribó, denunció ayer la discriminación del Gobierno de Mariano Rajoy con la ciudad de Valencia. Lo hizo al término de una «decepcionante» reunión con la ministra de Fomento, Ana Pastor, de quien no obtuvo ni proyectos concretos ni financiación para las principales infraestructuras de la ciudad. Es más, el soterramiento de las vías del Parque Central lo condiciona a la aportación del 25 % del presupuesto por parte del consistorio y otro 25 % de la Generalitat, lo que no es de recibo para el actual equipo de Gobierno si se tiene en cuenta que las infraestructuras ferroviarias son competencia del Estado.

La reunión de ayer, en la que también participaron el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, y el secretario de Infraestructuras, Manuel Niño, venía ya precedida de una reunión de este último con el Grupo Popular de Valencia en la que, según los populares, se ratificaron todos los compromisos que ya había arrancado antes de las elecciones la exalcaldesa Rita Barberá.

Esa anticipación no gustó al equipo de Gobierno de Valencia, pero es que, además, ese «compromiso cierto» del que habló Rita Barberá «no existe», según Ribó.

Ni proyecto ni dinero

Refiriéndose al Parque Central (canal de acceso y túnel pasante) explicó que el proyecto «se va a presentar en la sociedad conjunta entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el ministerio, pero en estos momentos seguimos sin disponer de él, y el compromiso cierto que asumió la anterior alcaldesa de Valencia no lo hemos visto en ningún sitio», añadió.

Tampoco le gusta al alcalde de Valencia la filosofía del ministerio respecto a la financiación del plan. Pese a haberse optado por la opción más barata (900 millones) y dejarse aparcado el túnel pasante, Ana Pastor propuso que el ayuntamiento ponga el 25 % del dinero, la Generalitat otro 25 % y el ministerio un 50 %, algo que no pueden aceptar dado que las infraestructuras ferroviarias son competencia del ministerio y así lo está haciendo con otras ciudades. Desde la Delegación del Gobierno se explicó que el nuevo plan sumará 1.400 millones y que es «lógico» que el consistorio ponga el 25 % porque es su parte en la sociedad Parque Central. «Lo que pasa es que no saben de donde van a sacar sus 400 millones», dijeron las fuentes.

Por lo que respecta al túnel de Serrería, Joan Ribó aseguró que la conversación todavía fue menos satisfactoria. «El año pasado el Estado destinaba en sus Presupuestos 4 millones de euros para este equipamiento que este año han desaparecido. Tenía que haber un proyecto que sigue sin terminarse. El compromiso cierto se ha convertido, de nuevo, en una realidad que no existe».

Ribó insistió en la necesidad de hacer un soterramiento hasta la autopista de El Saler, aunque sea el mas caro (125 millones), pues otras fórmulas propuestas seguirían dejando aislado el barrio de Nazaret.

En lo único que ha habido un cierto acuerdo ha sido en la urbanización de los antiguos cuarteles de la calle San Vicente, que recientemente han sido derribados pero están pendientes de urbanizar para construir viviendas de protección pública y dos colegios. «Hemos conseguido „dijo Ribó„ que de los Presupuestos Generales del Estado se reserve una cantidad para desarrollar esta actuación con unos condicionantes que vamos a analizar con la conselleria y la Sociedad Estatal del Suelo (Sepes) para ver cómo se puede abordar con rapidez la urbanización». Concretamente se reservarán en el presupuesto de Sepes 10 millones en los próximos tres años y se hablará con la Generalitat para sacar al mismo tiempo los centros educativos.

En el aire quedó, finalmente, el denominado contrato programa, que debe financiar el transporte público en el área metropolitana. Se trata de un tema que depende también del Ministerio de Hacienda y hay que negociar.

En resumen, después de dos horas de reunión, Joan Ribó expresó su «preocupación por el trato discriminatorio que el Gobierno le da a Valencia». El nuevo alcalde denunció ante Ana Pastor que esta ciudad «se encuentra con un nivel de infraestructuras y de financiación que está muy por debajo de la media española». Y después de la reunión de ayer aseguró estar «profundamente preocupado por el trato discriminatorio que se realiza desde el gobierno central».