El concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Félix Crespo, consideró ayer que el equipo de Gobierno «bordea la prevaricación» con su decisión de que la Policía Local no actúe en los desahucios y para prevenir la venta ilegal. Crespo señaló al alcalde, Joan Ribó, y a la concejala de Seguridad Ciudadana, Sandra Gómez, a quien acusó de indicar a la Policía Local que «deje hacer» a los vendedores ambulantes del «top manta».

De esta manera, el edil popular señaló que resulta «difícilmente entendible que pretenda decir públicamente que va a cumplir la Ley en cualquier caso, cuando lejos de ser una intención hay que recordarle a la concejala Gómez que ha de ser su primera y única obligación».

Según Crespo, las afirmaciones de Sandra Gómez y las del alcalde Ribó «rozan la prevaricación, por cuanto con independencia de la sensibilidad social que conlleva los desahucios, no pueden olvidar que la LO 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece en su artículos 29,2 y 53 la expresa y clara función de la Policía Local de participar en las funciones de policía judicial por las que puedan ser requeridos por los órganos jurisdiccionales». Para el edil popular, «es muy preocupante, y añadiría que hasta alarmante, que dos representantes públicos ordenen no actuar a la Policía Local ante un requerimiento que pueda realizar cualquier juzgado». Y matizó: «Si así sucediera, eso sencillamente se llama prevaricar y abocar a los agentes de Policía Local a un conflicto laboral por incumplimiento de las funciones que le son atribuidas por una ley orgánica y requeridas por órganos judiciales competentes para ello».

En referencia a los vendedores ilegales, Crespo consideró que «resulta evidente que esta decisión ha generado un gran malestar entre los comerciantes, que ya han manifestado su protesta por una brutal competencia desleal».