La deriva de la Marina Real Juan Carlos I se debe en gran medida a la existencia de una deuda de 420 millones de euros que nadie quiere asumir. El Estado reclama al ayuntamiento que rentabilice las obras de la Copa del Améric ay devuelve lo invertido al ICO, mientras el ayuntamiento que gobierna Joan Ribó reclama al Gobierno que asuma esta deuda como hizo con las Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla.
Para empeorar más si cabe la situación de asfixia económica del Consorcio, donde las aportaciones de las tres administraciones tampoco están llegando, la marina se enfrenta a varios embargos por impago de la deuda contraída con un banco. Los bienes del Consorcio no pueden ser embargados por tratarse de un organismo de interés público, si bien sus cuentas si pueden ser bloqueadas.
El teniente alcalde de Turismo, Joan Calabuig, reclamó ayer a todas las administraciones un «impulso al más alto nivel para dotar a la marina, un enclave estratégico, de un proyecto de futuro». Calabuig lamentó que el PP no haya sabido solventar los problemas financieros del Consorcio y le acusó de dejar «una pesada deuda» así como de las oportunidades de inversión y empleo perdidas en la marina real.
El Consorcio Valencia 2007 tiene previsto celebrar una reunión este mes para nombrar a los nuevos consejeros, que por parte del ayuntamiento serán:
Giuseppe Grezzi, Glòria Tello Company, Joan Calabuig y Jordi Peris. Joan Calabuig admitió ayer que aunque el nombramiento del nuevo director general es «urgente» y no puede depender de los intereses políticos, puede demorarse dos meses y no pudo precisar si el nombramiento se producirá antes de las próximas elecciones generales.
