El equipo de Gobierno municipal introducirá cambios en el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para paliar la «sangría» de dinero que suponen las expropiaciones obligatorias. Sólo el año pasado, el Ayuntamiento de Valencia tuvo que asumir expropiaciones por valor de 28,5 millones de euros, casi lo mismo que el capítulo de inversiones, que era de 31 millones.
La normativa urbanística actual permite a los propietarios de suelo grafiado como dotación pública (colegios, zonas verdes etc.) reclamar la expropiación de la parcela si los ayuntamientos no hacen uso de ella pasados cinco años. Eso ha supuesto un goteo constante de peticiones, pero en los últimos años, cuando la crisis ha frustrado toda esperanza de especular con el suelo, cuando este tipo de peticiones se ha disparado.
Según fuentes municipales, sólo el año pasado fueron asumidas expropiaciones por un valor de 28, 5 millones de uros, una cantidad que prácticamente triplica la partida prevista para este fin, que era de 10 millones, y que casi iguala la partida de inversiones, que totalizaba 31 millones.
En definitiva, es un agujero que lastra las cuentas municipales y las inversiones. De hecho, en la Comisión de Hacienda del lunes se aprobó una modificación extraordinaria de crédito por 13,5 millones de euros y la mayor parte de la misma era para expropiaciones. Y en los últimos 25 años se calcula que el Ayuntamiento puede haber desembolsado 600 millones por este concepto.
Para solucionarlo sería necesario un cambio de la ley. En las condiciones actuales todo lo que se puede hacer es prever fondos y pelear el justiprecio en los tribunales, que es donde generalmente se resuelven estas cosas y de forma muy favorable para los particulares. Pero el nuevo equipo de Gobierno quiere aprovechar la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para, al menos, reducir notablemente el problema.
Unidades de ejecución
Según fuentes de Urbanismo, la solución pasa por incluir todas estas parcelas grafiadas como dotaciones públicas dentro de unidades de ejecución, de manera que sean los constructores los que cubran con el pago de los aprovechamientos urbanísticos el valor de estos terrenos.
El anterior equipo de Gobierno, de hecho, incluyó en su primer borrador del PGOU 13 unidades de ejecución, pero hubo una revisión de ese plan de la que, según las fuentes, desaparecieron esas unidades. La oposición las había criticado duramente por el reparto de los aprovechamientos.
Ahora, pues, la idea del nuevo equipo de Gobierno es recuperar ese sistema con más equilibrios. Se trataría de revisar todos los barrios y todas las parceles grafiadas como equipamientos públicos para elaborar en torno a éstas unidades de ejecución. En la concejalía admiten que no será posible llegar a todas estas parcelas, pero creen que sí se puede cubrir la mayoría de ellas, reduciendo muy considerablemente el problema de las expropiaciones.
