El inicio de la crisis y las medidas tomadas a posteriori por los sucesivos Gobiernos, así como las obligaciones austericidas impuestas por la Troika (Comisión Europea, FMI y el Banco Central Europeo) evidenciaban, entre otras cosas, que lejos estaban la mayoría de los partidos políticos europeos y españoles de los preceptos constitucionales que se alumbraron después de la II Guerra Mundial dando lugar al nacimiento del llamado Estado social. La crisis demostró que se había procedido, sobretodo desde el Tratado de Maastricht que dio lugar a la UE y a la pesadilla del euro, a un desmantelamiento progresivo de los servicios públicos, de las obligaciones del Estado en salvaguardar derechos, y a establecer una hegemonía neoliberal en el pensamiento colectivo que acabó funcionando como un corsé, incluso en el mundo progresista, que renunciaba a lo público de una manera clara.
Por eso, no es de extrañar que se produjera el boom de los colegios concertados o de los hospitales privados pagados con dinero público. Porque en este neoliberalismo autóctono no sólo se privatiza, sino que además la administración pone en manos privadas intraestructuras de todo tipo para que estas las gestionen. En València tenemos innumerables ejemplos, desde la práctica totalidad de los servicios municipales, la gestión de los contenedores culturales más importantes de la ciudad e incluso una Fundación, como la de Turismo Convention Bureau, salpicada presuntamente por el caso Noos. Lo público sirve para pagar pero no para gestionar.
Cuando los resultados de aplicar estas políticas comenzaron a notarse, se evidenciaron las enormes carencias que tenía nuestro sistema de ayuda pública, y la falta de leyes que blindaran en la práctica derechos constitucionales. De ahí los despidos masivos, los desahucios, las colas en los hospitales, problemas de desnutrición cada vez más extendidos.
¿Y que reacción había ante esto? Una vez repetida hasta la saciedad que no había más remedio, entraba en juego la única respuesta que los sectores conservadores tienen ante esta situación: la caridad. Esta, bienintencionada o no, que de todo hay, es consecuencia de la negativa a no redistribuir la riqueza. Frente a esto, y a partir de una iniciativa de Esquerra Unida, un grupo de militantes políticos, activistas de diversos MMSS y sindicalistas decidieron impulsar en València la Red de Solidaridad Popular (RSP) con el objetivo de crear tejido social con las personas más afectadas por la crisis. En funcionamiento desde hace dos años, su labor se ha notado en muchos barrios de nuestra ciudad, sobretodo en los ubicados en el Distrito de Trànsits especialmente Orriols, Benicalap o Torrefiel, pero extendiéndose también a otros como Malva-Rosa o Malilla. Aglutinan ya a cerca de un centenar de familias, que se organizan en la RSP para conseguir cosas básicas, tales como alimento de primera necesidad, ropa, libros, material escolar para menores, y un largo etcétera. Pero sobretodo, la RSP ha hecho otra cosa, devolver la dignidad a gente a la que hacían sentirse culpable de su situación, enseñando que la solidaridad no crea dependencia como la caridad, sino que es la base de una sociedad igualitaria, de una sociedad mejor.
