La Comisión Europea ha remitido este verano al Gobierno de España la exigencia de información en relación al incumplimiento de la normativa comunitaria en la gestión del agua. Una comunicación en la que le da al ministerio de Medio Ambiente un plazo para responder que termina esta semana, concretamente, el miércoles, dentro de un procedimiento previo a la infracción.

El organismo europeo pone en cuestión los planes hidrológicos de cuenca en España, y censura la «incapacidad» del Estado para cumplir los objetivos de calidad mínima para los ríos. La gestión se centra en priorizar el suministro y se olvida del aspecto ambiental, afea el documento.

Aunque el documento no ha trascendido, según parece l'Albufera de Valencia es uno de los enclaves señalados por la Comisión. Bruselas habla de diez problemas en la planificación de los ríos por parte de las confederaciones hidrográficas. Y, entre ellos, cita las áreas protegidas, con hábitats y especies que dependen directamente del agua y necesitan una conservación favorable cuando forman parte de la red Natura 2000. «No se han considerado suficientemente en los primeros planes y no se han tomado medidas suficientes para proteger estas zonas dependientes del agua». Ahí es donde se señala a l'Albufera de Valencia, junto con otras áreas protegidas españolas como Doñana o las Tablas de Daimiel, en los que la Comisión Europea ha puesto en marcha varios procedimientos de EU Pilot (un procedimiento rápido, previo a al infracción, de respuesta a quejas de empresas o ciudadanos) o casos de infracción. Además, añade que los borradores de los segundos planes hidrológicos «no abordan estas cuestiones».

Al margen de esto, el informe de la Comisión Europea cuestiona los métodos de evaluación; lagunas en los programas de seguimiento; la aplicación de excepciones a los objetivos medioambientales; las insuficientes medidas para evitar la contaminación procedente de la agricultura, o la falta de control sobre la captación de aguas superficiales y subterráneas.