La concejal de Agricultura, Horta i Pedanies del Ayuntamiento de Valencia, Consol Castillo, considera que el Partido Popular trata de «crear división entre los valencianos» y que sus preguntas sobre la interpretación de la Marcha Real en las procesiones de las pedanías «son cuestiones absolutamente secundarias». La regidora de Compromís aseguró que lo que le preocupa de verdad a su concejalía es la multa de 6,1 millones que la Unión Europea ha impuesto a España «por la nefasta gestión agraria» que realizó el PP en la Comunitat Valenciana en el periodo de 2007 a 2010.
El Partido Popular de Valencia llevó al pleno de la semana pasada la polémica sobre la interpretación de la Marcha Real en las procesiones de las pedanías. El concejal Cristóbal Grau quería conocer si los alcaldes pedáneos habían dado «orden expresa» a las bandas de música de que no se tocaran. Aseguraban en su pregunta a la concejala Castillo que habían constatado que en Carpesa no se tocó la pieza y que en El Palmar y Pinedo dieron instrucciones para que no se hiciera, aunque finalmente las bandas locales decidieron sí hacerlo. El PP asegura que conoce el marco legal de su uso, pero apeló a la «tradición» para que se toque la Marcha Real «como muestra de respeto y máximo honor a las imágenes» que salen en procesión.
Consol Castillo, en su respuesta, recuerda al PP que el Real Decreto de 1997 firmado por el expresidente José María Aznar «no incluye que se tenga que interpretar a la entrada o salida de las imágenes religiosas». El concejala de Pedanías, no obstante, asegura que cumplirán con el dictamen que la Delegación de Gobierno emitió a pregunta de la federación de bandas de música, y que deja en manos de quien contrate la música la decisión de que se interprete o no la Marcha Real.
Pero la regidora de Compromís va un paso más allá y acusa al Partido Popular de «pretender introducir elementos de discordia» en el movimiento de las bandas de música, además de «intentar crear división entre los valencianos» por su pregunta.
Por último, Consol Castillo asegura que, como concejala de Agricultura, lo que le preocupa es saber por qué Bruselas ha impuesto una sanción de 6,1 millones de euros a España «que acabaremos pagando todos los valencianos por la nefasta gestión de las ayudas comunitarias que se hicieron en el periodo 2007-2010».
