06 de octubre de 2015
06.10.2015

El ayuntamiento se plantea volver a la gestión pública en las 114 instalaciones deportivas

Paraliza la adjudicación de la Piscina Valencia hasta que se decidan las nuevas fórmulas de funcionamiento

06.10.2015 | 02:18
El ayuntamiento se plantea volver a la gestión pública en las 114 instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido paralizar la adjudicación de la gestión y reforma de la Piscina Valencia para estudiar si vuelve a una gestión pública o mantiene el sistema de gestión privada introduciendo algunas modificaciones en el pliego de condiciones. Este parón no afecta a la parte de restauración de este complejo (Alameda Palace y Les Graelles), que ya ha sido adjudicada y pendiente de que se retome la actividad.

A día de hoy el Ayuntamiento de Valencia tiene 114 instalaciones deportivas, de las cuales 10 están en manos de concesionarias privadas, 46 son gestionadas por clubes y federaciones y el resto son responsabilidad de la Fundación Deportiva Municipal, todas ellas regidas, en cualquier caso, por una tarifa de precios oficial.

Una de esas instalaciones dada en concesión es la Piscina Valencia, que aunaba la piscina y la parte de restauración, pero en julio de 2014 el consistorio decidió suspender el contrato con la familia Barrachina por el impago del canon anual. La deuda llegó a superar los 350.000 euros.

Se decidió entonces hacer un nuevo concurso separando la parte deportiva de la hostelera. Y ya se ha adjudicado ésta última, por lo que la apertura de Les Graelles y Alameda palace se producirá en breve.

El contrato de la piscina, sin embargo, estaba a la espera de su adjudicación a una de las cinco empresas que se habían presentado. Sólo faltaba abrir la oferta económica, pero el nuevo equipo de Gobierno municipal ha decidido paralizarla. La Junta de Gobierno Local aprobó una moción el pasado viernes por la que se renuncia al contrato y se abre un periodo de reflexión para «estudiar con mayor profundidad el sistema de gestión a fin de analizar si sería conveniente para el interés público implantar un régimen de gestión diferente o, en el supuesto de que se mantuviera el mismo, analizar con detalle el contenido de los pliegos de condiciones».

Para el PP, esta medida es una «frivolidad» del nuevo equipo de gobierno, pues se pierden los 3 millones de euros que invertiría la empresa adjudicataria para reformar todo el complejo.

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