11 de octubre de 2015
11.10.2015
Cambio de nomenclatura

El consistorio facilitará los trámites a los afectados por el cambio de nombre de 31 calles franquistas

El PP preguntó al pleno el coste de la medida a lo que Cultura le recuerda la necesidad de «cumplir la ley» - La comisión de la Memoria Histórica volverá a reunirse en unos días para concretar los plazos y fórmulas

11.10.2015 | 16:27

La comisión de la Memoria Histórica de Valencia, impulsada por el nuevo equipo de gobierno municipal, tiene previsto reunirse en los próximos días para fijar los plazos y también las fórmulas con las que facilitar a los afectados la retirada de las 31 placas franquistas diseminadas por la ciudad. Un cambio de nomenclatura eternamente postergado por Rita Barbera, y que acabó costándole una denuncia por parte del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica y dirigentes del PSPV. Hace unas semanas el Partido Popular remitía una serie de preguntas al pleno, en las que inquiría sobre «el coste» de dicha sustitución.

El PP interrogaba sobre el gasto de variar no sólo las vías públicas catalogadas como tal, sino también «la señalización del tráfico», así como modificar «los nombres en listas de calles, mapas, impresos oficiales y toda la papeleria de las sedes de los organismos públicos» afectados. El grupo municipal popular, además, incidía en el «malestar que ocasionaría a miles de vecinos».

Fuentes del equipo de gobierno avanzan que el consistorio, consciente de la «incomodidad» y «preocupación» que puede suponer la medida para vecinos „ sobre todo la gente de mayor edad„, y comerciantes, propiciarán la gestión de todos los trámites. En cualquier caso, desde la concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales, se recuerda al PP que se trata de una «medida urgente e importante, pero sobre todo necesaria para respetar y cumplir la Ley de la Memoria Histórica». «Un cambio de denominación de una via pública, como en otras ocasiones que se ha realizado discrecionalmente por el anterior equipo de gobierno, exige valorar el perjuicio que ocasiona al ciudadano en función de muchas cuestiones, como es el caso del número de empadronados existentes», argumenta la edil y coordinadora general del Área de Cultura, Glòria Tello. Aunque insiste en que el «estricto cumplimiento de la Ley avalaría cualquier actuación sobre el tema», Tello asegura que ello no exime de estudiar la manera más adecuada para causar el menor perjuicio.

Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, espera que de la próxima reunión con los concejales Tello, Jordi Peris y Pilar Soriano, salga ya «la orden de empezar a aplicar la Ley». «Existe una vulneración de lo establecido en el artículo 15.1», recuerda, para reiterar que a la administración «no le corresponde ponderar su cumplimiento, sino cumplirla». Alonso explica que si ello supone «un gasto para los administrados o un inconveniente para la administración, el propio ordenamiento jurídico prevé sus cauces para solucionarlo». La lista, que rondaba el centenar de calles que entran en contradicción con la llamada Ley de Memoria Histórica, fue dejada finalmente en 31 por un equipo de profesores de la Facultad de Geografía e Historia.

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