14 de octubre de 2015
14.10.2015

Deportes también descarta remunicipalizar sus instalaciones

Grau: «Paralizar la adjudicación de Piscina Valencia podría acarrear indemnizaciones»

13.10.2015 | 20:00

El equipo de gobierno local ha descartado la remunicipalización de las instalaciones deportivas municipales que están ahora en manos de la gestión indirecta de empresas privadas. La concejala de Deportes, Maite Girau, explicó ayer que la propuesta ni siquiera ha estado sobre la mesa «porque el consistorio no tiene ahora mismo capacidad para contratar a nuevo personal», por lo que los contratos que vayan finalizando, como el Polideportivo de Orriols, se volverán a licitar «con nuevas condiciones que incluyan cláusulas sociales», añadió.

Hace unos días el Ayuntamiento de Valencia también decidió suspender el contrato de licitación de Piscina de Valencia para «repensar el modelo de gestión». Sin embargo, el consistorio lo que hará es redactar un nuevo pliego de condiciones. Girau dejó entrever que el anterior pliego establecía un periodo de explotación demasiado elevado „por 50 años„ y, según sus palabras «no garantizaba el mantenimiento futuro de la instalación», además de que en las condiciones la estimación de usuarios «estaba no solo por debajo de la media de las instalaciones de similares características, sino también de la media de usuarios de Piscina de Valencia». Es decir, se favorecía a la empresa que resultara adjudicataria ya que conseguiría rentabilizar su inversión más rápidamente.

El PP arremetió ayer contra al decisión del equipo de gobierno, exigió que se reinicie el proceso paralizado ahora «porque de lo contrario podría acarrear el pago de indemnizaciones por parte del ayuntamiento», explicó Cristóbal Grau.

El edil popular aseguró que ha hablado con las cinco empresas que se presentaron al concurso y que algunas le han expresado que si se confirma la paralización del concurso reclamarán cada una 150.000 euros en concepto de indemnización. Grau, además, aseguró que tiene conocimiento de que algunas ofertas económicas incluían la inversión de hasta diez millones de euros „y no los tres exigidos„. «Paralizar el concurso es un error mayúsculo», sentenció.

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