El Banco Santander ya ha comunicado al Consorcio Valencia 2007 que procederá al alzamiento de los cuatro millones de euros consignados desde septiembre de 2014 en el Juzgado número 7 de Valencia, además de embargar sus cuentas por el impago de una póliza de crédito de 12 millones. La entidad bancaria advierte a los responsables del consorcio que en un año no ha recibido «ninguna propuesta para solucionar de forma razonable» ese incumplimiento. Obligación que competía a los anteriores gobiernos de la Generalitat y Ayuntamiento, con el gobierno central al frente. Todos del Partido Popular y que dejan ahora una «envenenada herencia» al tripartito encabezado por Joan Ribó. La contundente respuesta del banco contrasta con las palabras del delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, de que se estaba negociando con el secretario de Estado y Administraciones Públicas, Antonio Beteta. La afirmación de Moragues, realizada hace sólo dos días, provocó mayúscula sorpresa en el equipo de Joan Ribó, que aseguró desconocer tales «conversaciones».
Desde la alcaldía ya rectificaron el martes a Moragues y ayer volvieron a hacerlo al aseverar que Beteta «ni siquiera se pone al teléfono». El apercibimiento del Banco de Santander evidencia „ para Compromís, PSPV y València en Comú„ que tampoco Moragues en su etapa al frente de la Conselleria de Hacienda «movió ficha» para refinanciar. «En ningún momento trataron de facilitar una salida al atolladero económico en que se halla el Consorcio 2007», incidían. Fuentes municipales no ocultaban ayer un profundo malestar por lo que consideran «una prueba más del absoluto desprecio del PP hacia la ciudad de Valencia». Ribó no se ha cansado de repetir que el lastre de la Marina supone una auténtica «espada de Damocles» que asfixia las cuentas e hipoteca inversiones futuras.
El banco adelanta también el inicio de acciones judiciales, ante un tribunal de justicia británico, para reclamar los 54 millones restantes de un producto financiero firmado en su día para cubrir las variaciones en el tipo de interés del crédito del ICO destinado a las obras de la Copa del América. El «modus operandi» en el último año de las tres administraciones del PP también ha molestado al actual Consell. «El gobierno central al que representa el señor Moragues no ha proporcionado información alguna al resto de entidades consorciadas sobre la marcha de las negociaciones con el banco», insistían ayer, día en que vencía el plazo máximo acordado por el Juzgado número 7 para la suspensión del procedimiento de ejecución.
La deuda del Consorcio por las infraestructuras de la Copa del América asciende ya a 440 millones de euros, aunque era de 370 en sus inicios. Ante la imposibilidad del consorcio de hacer frente a cifras tan elevadas „ la explotación de la dársena hoy por hoy no lo permite„ es el Tesoro como avalista quien la está pagando. Ribó persigue negociar, pasadas las elecciones generales del próximo 20 de diciembre, una condonación y que el Gobierno haga frente a los gastos que supuso la competición de vela del mismo modo que hizo con otros grandes eventos como la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. «El maltrato hacia Valencia es absoluto», reiteraban ayer los círculos más próximos al alcalde. El ministro Cristóbal Montoro entiende que las tres administraciones representadas en el Consorcio deben asumir el pago de la deuda según la cuota de representatividad, 40% el Estado, 40% la Generalitat y el 20% restante, el Ayuntamiento de Valencia.
