València en Comú ha pospuesto hasta mediados de este mes de noviembre la asamblea que tenía previsto celebrar el pasado viernes para decidir el destino del dinero que aportan sus tres concejales del Ayuntamiento de Valencia y los seis asesores, una cantidad que ronda los 360.000 euros al año. En el origen de este problema está la penuria económica de la formación, que únicamente recibe cuotas de 16 «afiliados» cuando preveía 400; y las necesidades de Podemos, partido en torno al cual se creó esta plataforma y que ahora necesita el dinero para las elecciones municipales. Y en la resistencia están aquellos partidarios, de una y otra formación, de cumplir el código ético y destinar todo ese dinero a fines sociales.
Después de meses trabajando en este problema, el plenario de València en Comú celebrado el pasado 16 de octubre sólo sirvió para poner de manifiesto la división existente entre quienes son partidarios de dar algo del excedente a los partidos y quienes quieren cumplir el código ético.
Los primeros creen que es posible reinterpretar ese código, que habla de destinar el dinero de concejales y asesores a fines sociales, para destinar un porcentaje a València en Comú y Podemos. Al fin y al cabo, dicen, esos partidos también incluyen entre sus objetivos la participación ciudadana, lo que los convierte en entidades sociales que pueden recibir esos fondos.
Además, de no recibir ingresos, Valencia en Comú, por ejemplo, quedaría al borde de la desaparición, pues únicamente ingresa, según el informe de la Comisión de Economía, el poco dinero del «merchandising» y cuotas periódicas de 16 colaboradores, cuando su previsión era llegar a las 400.
Los segundos, sin embargo, creen que el Código Ético es innegociable, sobre todo porque también es la palabra dada a los ciudadanos durante la campaña electoral. En este grupo, además, están dos de los tres concejales de Valencia, Jordi Peris y Roberto Jaramillo, que, por si había alguna duda, se declararon «insumisos» y aseguraron que su dinero iría a fines sociales.
Acercando posturas
Ante la división evidente del último plenario, los convocantes decidieron no votar y dejar la resolución final para una futura asamblea que debía convocarse el 30 de octubre, el pasado viernes. Las posturas, sin embargo, no se han acercado lo suficiente y esa asamblea se ha pospuesto sin fecha, aunque se baraja la posibilidad de hacerla a mediados de este mes de noviembre.
Al parecer, en las negociaciones de las últimas semanas se habrían acercado posturas, aunque por lo pronto no hay acuerdo. Uno de los inconvenientes más importantes y que mayor malestar ha creado es la decisión unilateral de Jordi Peris y Roberto Jaramillo de destinar su dinero a fines sociales. En el último plenario llegaron incluso a abandonar la sala antes de la votación arrastrando con ellos a una treintena de personas, incluidos tres asesores del Ayuntamiento de Valencia. Por contra, permaneció en su silla la otra concejala, María Oliver.
