La Fiscalía ha presentado en el juzgado una denuncia por prevaricación y malversación en la cesión por parte de la Diputación de la Plaza de Toros de la ciudad, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), entre los años 2011 y 2014, cuando la institución estaba presidida por el 'popular' Alfonso Rus, a una empresa privada para la celebración de la conocida como 'Oktoberfest'.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia, el juzgado de Instrucción 15 ha recibido la denuncia, que no se dirige contra ninguna persona concreta. El instructor ofició a la Diputación --actualmente presidida por el socialista Jorge Rodríguez-- para que facilitara los contratos de cesión, algo que llevó a cabo en septiembre. Ahora se está pendiente de decidir las próximas diligencias, según la misma fuente.

La investigación surge a raíz de una denuncia presentada por la diputada de EUPV en la institución, Rosa Pérez Garijo, quien puso en conocimiento de Fiscalía posibles irregularidades legales derivadas de la cesión de un BIC como es la Plaza de Toros a "precio casi testimonial (en función de lo marcado legalmente) y con una fianza muy baja" a la empresa organizadora de la 'Fiesta de la Cerveza' entre 2011 y 2014, ambos incluidos.

Según la denuncia de la diputada, las cesiones del espacio se regulan mediante la Ordenanza reguladora del precio público por cesión y uso de la logística de las instalaciones y edificios provinciales o de competencia provincial para la explotación, aunque señala que a lo largo de los años de cesión del recinto para este fin, "se ha producido una considerable reducción del precio público de cesión a favor de la empresa privada organizadora del evento", al no cobrarse el canon.

Para la denunciante, no existe ninguna apreciación ni justificación escrita ni documental que justifique la existencia de razones "sociales, culturales, benéficas o de interés público" para esta exención del pago del canon y recalca que se trata de una actividad privada empresarial "destinada a la venta de alcohol". Únicamente en el primer año se habría aplicado la ordenanza y solo en 2011 el coste de los servicios logísticos se ajusta a la realidad de la normativa.

Además agrega que no encuentra en ninguno de los expedientes ni documento que pueda considerarse una licencia de apertura ni de autorización de venta de bebidas alcohólicas.

Pérez Garijo ha destacado en un comunicado que el hecho de que las "pesquisas" y "denuncias sigan adelante demuestran dos cosas: el gran trabajo y lo imprescindible que resulta Esquerra Unida en la lucha contra la corrupción; y que seguimos viendo como los tentáculos de presuntos favores y posibles comisiones desde los gobiernos del Partido Popular pueden ser más generales que excepcionales".

"No hemos acabado aún de investigar"

"Nosotros no hemos acabado aún de investigar toda una etapa de gobierno del expresidente Rus que merece una revisión cuidadosa y sistemática de todas y cada una de las acciones que se tomaron en sus ocho años", ha manifestado la diputada, para quien "el cambio político que hemos vivido en la Diputación de Valencia resulta por cosas como esta no sólo imprescindible, sino un ejercicio de dignificación de la institución y de la política y una recuperación de ambas por parte de la ciudadanía".

La diputada no descarta "nuevas sorpresas ni denuncias en los próximos meses. Mi equipo y yo seguimos con nuestras montañas de expedientes sobre la mesa y posiblemente entreguemos en breve a fiscalía dos nuevas denuncias", de las que no ha avanzado más.