Siempre he pensado que la división entre Estado e instituciones religiosas, en concreto la Iglesia Católica, era algo sencillo de resolver. Solo era cuestión de buena voluntad de las partes implicadas.
Lamentablemente la polémica surgida, o creada artificialmente según se mire, a raíz de algunas decisiones del nuevo equipo de Gobierno local, ha vuelto a mostrar qué lejos está este tema de ser tratado con normalidad democrática.
Lo primero que debería de asumirse en el debate, es que se trata de un problema político y no de creencias personales, como hábilmente defiende la derecha.
Cuando se aprueba la medida de que sean retirados los símbolos católicos en las ceremonias que se realizan en el Tanatorio municipal de València, y en el crematorio del cementerio general, no se está faltando el respeto a l@s ciudadan@s católic@s, sino que, por el contrario, se está velando por el precepto constitucional que hace de nuestro país un Estado aconfesional.
Ninguna religión puede tener un trato de favor por parte de los poderes públicos por lo que no se deben vulnerar los derechos de aquell@s ciudadan@s que no son católic@s.
Subrayo lo de católic@s, porque lo que se suele pasar por alto, es que con esta retirada de símbolos no sólo se está respetando a l@s no creyentes, sino también a aquellas personas que libremente tienen otra confesión religiosa o alguna de las diferentes variantes del cristianismo.
Que es un problema político se hace más evidente aún con las otras medidas que han indignado a la derecha.
Me refiero a la no entrada de la senyera en la Catedral durante la Procesión Cívica del 9 de octubre o a que los cargos públicos no acudan a los actos religiosos en nombre de la institución que representan. Frente a estas medidas propias de un Estado democrático avanzado, se responde con argumentos tales como que se trata de tradiciones que hay que respetar, y con que la conquista de València fue cristiana, obvio hace 777 años.
El motivo por el que cualquier acto relacionado con nuestra vida pública o privada se vincula con alguna ceremonia religiosa tiene una explicación histórica, eso es así.
Pero no es la que plantea la derecha, basada en nuestras supuestas raíces cristianas, sino otra mucho más cercana. Durante 40 años este país estuvo sometido a una brutal dictadura militar fascista, cuya ideología, el nacional catolicismo, aplastaba cualquier disidencia política y donde la religión católica era utilizada para imponer un control social.
Así durante décadas, mientras en el resto de Europa se institucionalizaba el laicismo y la libertad religiosa, en España cualquier celebración social, deportiva o festiva estaba precedida obligatoriamente de un acto católico.
Así que con estas medidas, y otras que proponemos desde EUPV, que aún están pendientes, como el cobro del IBI a los edificios no de culto propiedad de la Iglesia, no se está atacando al catolicismo, al contrario, simplemente se le está igualando al resto de ciudadan@s que tienen otra creencia religiosa o simplemente no tienen ninguna, restituyendo derechos constitucionales que fueron reprimidos cuatro décadas y ninguneados durante estos años de democracia.
