Abaratar los costes del PAI del Grao se ha convertido en uno de los objetivos para el próximo año del concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, quien está negociando con la Generalitat, gobernada por el también socialista Ximo Puig, fórmulas para que las obras del circuito urbano, cuyo coste asciende ya, con intereses acumulados, a 50 millones de euros, no lastren la urbanización de esta bolsa de suelo estratégica de la fachada marítima de Valencia.
La Sindicatura de Cuentas reprocha en su último informe de fiscalización del Ayuntamiento de Valencia, correspondiente al ejercicio de 2013, que no incluyera en el presupuesto las obligaciones de pago por el circuito de F1, que el consistorio certificó en 2009 y que la Generaliralitat sí computa en sus cuentas. El ayuntamiento, que ha presentado alegaciones a dicho informe, no tiene previsto computar esta deuda en el presupuesto, es más, el tripartito quiere que la Generlitat asuma el coste de las obras del circuito. «El circuito debía tener coste cero», recordaron fuentes de Alcaldía. «Fue un error de base que el ayuntamiento asumiese esa infraestructura porque la F1 no era un proyecto del ayuntamiento», añadieron.
En el convenio suscrito en 2007 entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia para el desarrollo de la F1 el consistorio se obligó a recuperar el coste de la infraestructura a través de las cargas urbanísticas del sector diseñado por Jean Nouvel y el despacho alemán GMP, donde están proyectadas más de 3.000 viviendas y un delta verde. Para ello se camufló el circuito, actualmente abandonado y sin uso, como parte de las calles y avenidas del barrio. Sin embargo, el nuevo concejal de Urbanismo asegura que hay «dudas legales» de que el circuito pueda repercutirse como carga urbanística. Algunos propietarios del suelo del Grao así lo han advertido.
La urbanización del PAI del Grao tiene un coste de 70 millones de euros, a los que se tendrán que habría que añadir como cargas urbanísticas la prolongación del túnel ferroviario de Serrería y el circuito, algo que, a juicio del nuevo gobierno formado por Compromís, PSPV y Valencia en Comú, es «inasumible».
Del resultado de la negociación con la Generalitat para que renunce a recuperar el coste del circuito depende que el nuevo gobierno local dé carpetazo al concurso para la búsqueda de un socio financiero „una especie de «prestamista privado», en palabras del concejal Sarrià„ que convocó el anterior gobierno del PP.
El concejal de Desarrollo Urbano tiene dudas de la legalidad de este contrato puesto que incluye cláusulas leoninas para el ayuntamiento como la posibilidad de que el socio financiero pueda modificar el planeamiento, lo que pondría en riesgo los aspectos menos rentables de la operación, como la obligación de hacer un 10% de vivienda pública.
Tal como informó este diario, sólo una empresa se interesó por el contrato de asistencia técnica y financiera del PAI del Grao convocado en febrero pasado, por segunda vez en menos de un año, por el Ayuntamiento de Valencia. Se trata de Valinmo al Mar, una sociedad vinculada a un grupo de inversores colombianos, que ha contado con el asesoramiento del abogado valenciano Manuel Broseta.
Una tercera parte de los terrenos del PAI del Grao (con 400.000 m2 de superficie) fueron adquiridos en 2006 por la empresa Acinelav „participada por Bankia y promotores y constructores valencianos, como Salvador Vila, Gesfesa y Pavasal (ambas a través de Kiraly Desarrollos Inmobiliarios), Lubasa y Construcciones Valencia Constitución„que desembolsó 300 millones de euros. La empresa Acinelav está actualmente en proceso de liquidación tras declararse en concurso de acreedores.
