Desandar unos pasos que, consideran, se dieron hacia atrás, y convertir un área en la que reside un millón y medio de personas en un espacio mejor conectado y, por extensión, más económico y menos contaminado, es el objetivo de lo que, de momento, no pasa de ser la firma de declaración de intenciones, pero que reunió a la mayor cantidad de alcaldes por metro cuadrado que se puede convocar. El motivo: formar una Autoridad Única de Transporte para el área metropolitana de Valencia. Es decir, un organismo de gestión general de la movilidad del «cap i casal» y las poblaciones colindantes. Un instrumento para darle lógica a las necesidades de cada día: salir de la ciudad para ir a trabajar a una población o viceversa y el posterior y respectivo camino de vuelta.
Una entidad que, en lógica, debería cohesionar todas las necesidades en esa materia: tarifas, unificación del billetaje u homogeneización de horarios. En aras a no convertir el desplazamiento en transporte público en una odisea. Y, muy en la línea de los ayuntamientos progresistas, «contribuir a la calidad de vida y la sostenibilidad a base de reorientar la política del transporte público». Esto son palabras de la consellera de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, que fue quien ejerció de poder unificador. Esa revisión de sistemas de transporte es multidisciplinar tanto en medios (autobús, tren, tranvía, bicicleta...) como en competencias institucionales: local y autonómica.
Con esta declaración se crea una comisión constituida por la consellera, los alcaldes del área, los de poblaciones con más de 50.000 habitantes de comarcas aledañas, la Federación de Municipios para los ayuntamientos que no tienen servicio público, el director general de obras públicas y la consellería de Hacienda. Y también una comisión técnica (tres de la Generalitat, dos del ayuntamiento de Valencia, uno de EMT, otro de FGV y otro de la Federación), la cual analizará las propuestas que deje sobre la mesa la comisión institucional. Sin fechas predeterminadas para llegar a buen puerto, pero esta figura sería imprescindible para poder acceder al «Contrato Programa» en 2017, que permitiera sufragar económicamente esta macro operación.
Firmó la declaración el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y detrás de él, cuarenta alcaldes „que firmaron„ o representantes „que se llevaron el manifiesto para que lo firmen los primeros ediles„. Llamó la atención la ausencia de ayuntamientos que, no perteneciendo a la comarca de l'Horta, sí que podrían haber estado interesados: Sollana, San Antonio de Benagéber, Benissanó, Benaguasil, Carlet, l'Eliana... o algunas de las que perdieron el servicio de la EMT recientemente.
Ribó destacó esta declaración porque «es muy importante que articulemos la movilidad entre todas las formas que tenemos: EMT, Ferrocarrils... todas las posibilidades de mejorar son fundamentales. Ayudará a la ciudad de Valencia porque habrá menos entradas y salidas de vehículos privados. Esta autoridad única es imprescindible para, en el 2017 entrar en el Contrato Programa con el estado, un instrumento que los gobiernos del PP abandonaron y nos costaron muchos cientos de millones. Y con eso, tendremos una EMT que nos permitirá avanzar a los municipios cercanos».
No habrá «efecto Carmena»
El alcalde de Valencia también anunció que no se va a aplicar, de momento, ninguna medida contra la polución al estilo de la de la alcaldesa de Madrid. «Hemos revisado los niveles y no estamos en una situación alarmante, por lo que no se aplicarán restricciones. Pero si llegara a tener que aplicarse, se avisaría a la población con antelación. Nos hemos comprometido a que, en 2030, los gases de efecto invernadero se hayan reducido al 40 por ciento».
